Patricia Benavides: Asesores en las sombras habrían intercedido ante la JNJ para que ascendiera como fiscal suprema

Un nuevo detalle se conoce de cómo Patricia Benavides habría sido promovida como fiscal suprema titular ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En la resolución del magistrado Raúl Justiniano, titular de Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien autorizó que miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EEFICOP) y agentes de la División de Investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realicen nuevos allanamientos por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, se anota que recibió la ayuda de sus asesores en las sombras.

En el documento, al que Infobae Perú tuvo acceso, un colaborador eficaz del Ministerio Público declaró el 12 de diciembre pasado que el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón, cuyos domicilios han sido intervenidos en la madrugada de hoy, habrían cumplido el papel de intermediarios ante la JNJ para que Benavides ascienda y sea parte de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Como se recuerda, Benavides logró ingresar al máximo órgano de gobierno del Ministerio Público el 1 de junio del 2022 tras quedar en el primer lugar en el concurso público realizado por la JNJ. Tuvo el promedio más alto al sacar 89.90 puntos tras ser sometida a varias evaluaciones. Por detrás de ella se ubicó a Juan Carlos Villena Campana, quien lidera la Fiscalía de la Nación por estos días, con 87.94 puntos.

Instalada en la JSF, Garrido Lecca y Hauyón iban a buscar que Patricia Benavides tome medidas que les resulten beneficiosas en procesos judiciales en los que estaban involucrados.

En rigor, Garrido Lecca buscaba que Benavides esté en la JFS para que sea elegida como fiscal de la Nación. Desde ese cargo apuntaba pedirle que destituya al fiscal superior Rafael Vela Barba, en la coordinación del equipo especial del caso Lava Jato, con el fin de “poder manejar, controlar y direccionar los procesos penales”.

Además, el exministro aprista quería que la indagación por recibir presuntamente un aporte de 200 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del fallecido expresidente Alan García en el 2006 sea sobreseída. Al respecto, esto se habría cumplido no directamente, sino a través de algún pretexto.

Es así que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP) entra a tallar. En la resolución judicial se menciona que Abel Hurtado y Miguel Girao, asesores de Benavides, se reunieron con Rudy Agüedo del Castillo para que ejercer presión sobre Antonio Fernández Jerí, jefe de la citada entidad, con el fin de que acelere la suspensión del fiscal Vela por 8 meses y 15 días.

Aguedo contó que Fernández Jerí no ratificaba la sanción a Vela “porque tenía miedo” de que Benavides “no cumpla con destituirlo” de los equipos que coordinaba. No obstante, Jaime Villanueva le habría dicho que no se preocupará porque la exfiscal de la Nación iba a cumplir. Por ello, le pidió que presione al titular de la ANCMP para que notificará al excoordinador del equipo especial del caso Lava Jato sobre su suspensión antes de que reciba medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todo se resolvió el 24 de noviembre pasado cuando Aguedo del Castillo se reunió con Fernández Jerí en el piso 8 de la Fiscalía tras una intermediación de Miguel Girao. Tras ello, el jefe Autoridad Nacional de Control llamó a Girao, exasesor de Patricia Benavides, para decirle que iban a notificar a Rafael Vela sobre su suspensión y le pidió la ubicación del fiscal superior. El excolaborador de la exfiscal de la Nación le dijo que se encontraba en un congreso de fiscales de derechos humanos en un hotel de Magdalena.

Villanueva coordinó cada paso con Benavides para que se oficializará la suspensión de Vela. Así, el filósofo le dijo a la exfiscal de la Nación que ya iban a notificarle al coordinador del equipo especial Lava Jato. Con ello, Benavides adelantó la clausura del evento donde estaba y redactó un mensaje en el que deslizó una presunta traición de Vela y también a la fiscal superior Marita Barreto.

En tanto, José Luis Hauyón tenía otros interés en que Benavides esté al mando del Ministerio Público. De acuerdo a la resolución judicial, este letrado pretendía usar sus nexos y así tener el privilegio de realizar unos trámites en el marco del caso ‘Sodalicio’, donde su estudio jurídico participaba.

Por ello, se refiere que la exfiscal de la Nación llamó a Vela a inicios de este 2023 para que reciba a Hauyón, quien quería realizar unas consultas por unas copias que habían sido remitidas a la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos por parte de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

El suspendido coordinador del equipo especial Lava Jato recibió a Hauyón en su despacho. Allí, Vela se habría comprometido con el letrado que le iba a solicitar un informe al fiscal provincial Lizardo Pantoja Domínguez sobre su requerimiento, pero al final no resultó atendido. Esto ocasionó, según Jaime Villanueva, que Benavides muestre su incomodidad porque no resolvieron el pedido de Hauyón, quien era su amigo.

En concreto, Hauyón tenía interés en que la investigación que había sobre la periodista Paola Ugaz siga en calidad de investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco que se le seguía a la exalcaldesa Susana Villarán, según Vela relató al EEFICOP.

Como resulta público, Ugaz ha publicado sendas investigaciones contra el Sodalicio. Personajes afines a este grupo han establado una persecución judicial contra la también corresponsal de ABC de España en los últimos años.

Por otro lado, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón también habrían tenido un papel protagónico en la designación de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANCMP) ante la Junta Nacional de Justicia.

Precisamente, la llegada de Fernández a este cargo se ha visto seriamente cuestionada a partir de un informe de la Contraloría general de la República que señala que el funcionario presentó diplomas en los que docente alegan que jamás dictaron. Igualmente se señaló que laboró en los sectores públicos y privada en simultáneo.

A raíz de este escándalo, la JNJ informó que revisaría los documentos presentados por el titular de la ANCMP.