Dina Boluarte pide al Congreso que revise temas como la cuestión de confianza y la incapacidad moral

La presidenta Dina Boluarte brindó este martes 19 de diciembre un pronunciamiento en el marco del balance del año de su gestión. En ese sentido, la presidenta insistió en que su gobierno había logrado hitos de “estabilidad democrática”, pese a que las últimas encuestas publicadas señalan todo lo contrario. Como si fuera poco, la mandataria aprovechó para conminar al Congreso de la República a que le dé celeridad a una serie de reformas que implican al Ejecutivo.

Según lo aseverado por Boluarte Zegarra, desde el 7 de diciembre —fecha en la que asumió su gestión tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo— a la actualidad, su Gobierno “ha logrado la estabilidad democrática que tanto necesitábamos en el país”; ello, bajo la consigna de que había dejado atrás “los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso que tanto daño le hicieron al Perú”.

Para la mandataria, “la reforma política debe tramitarse sobre bases realistas”. Bajo este contexto, Boluarte afirmó que “en el marco de la separación y de la independencia de poderes” pedía al Congreso de la República “concluir con el debate sobre dicha reforma”.

Estos cambios, a los que Boluarte hace referencia, son el “modelo político híbrido presidencial - parlamentario y resolver temas constitucionales sustantivos como la incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza”.

Respecto al primero, la declaración de este modelo sería una novedad para el caso de Perú, teniendo en cuenta el modelo presidencialista que se viene llevando en nuestra historia republicana.

Tal y como lo ha aseverado la mandataria, las dos reformas a las que hace referencia han sido temas de amplio debate en el Legislativo; sobre todo respecto a las repercusiones que estas podrían tener ante la posibilidad de que se establezca un Parlamento a largo plazo.

En el caso de la cuestión de confianza, ya existen intenciones plasmadas en varias propuestas de proyectos de ley que plantean que una denegatoria al gabinete técnico de un presidente por parte del Parlamento no suponga una denegatoria de la confianza. Este mecanismo es el único que tiene el Ejecutivo para plantear la disolución del Congreso en caso de que este incurra en acciones obstruccionistas.

Un caso como este se vivió durante la gestión de Martín Vizcarra. Desde entonces, ya se han aprobado reformas respecto al mínimo de cuestiones de confianza para autorizar una disolución, e incluso a los motivos para presentar una cuestión de confianza.

Respecto a la reforma de la incapacidad moral (argumento para pedir la vacancia presidencial), también existen proyectos de ley que contemplan esta reforma. Sobre todo porque diversos especialistas han mostrado su rechazo respecto a la falta de claridad existente en el artículo de la Constitución que lo define, el cual está consignado en el artículo 113 de dicha Carta Magna. Hasta la fecha existen al menos tres proyectos de ley que buscan regular la medida en diferentes aspectos.

Se han planteado propuestas y modificatorias que van desde la declaratoria de incapacidad moral permanente en casos de flagrancia hasta propuesta de esta en caso de que el presidente sea impugnado por delitos específicos como la pertenencia a una organización criminal, o la existencia de investigaciones en curso. No obstante, ninguno de estos proyectos estaban en la última agenda del pleno y, de ser tratados, no sería hasta marzo del 2024.

Incluso, dado cuenta que se trata de una reforma constitucional, de ser aprobadas estas reformas, tendrían que votarse en dos legislaturas seguidas y por mayoría simple; y si que quiere evitar un referéndum, ambas votaciones deberían superar los dos tercios de aprobación.