Cambios en la ley forestal: los puntos polémicos de una norma que permite la deforestación

De acuerdo al Ministerio del Ambiente (Minam), después de Brasil, Perú se sitúa como el segundo país con bosques amazónicos en el mundo y ocupa también la novena posición en cuanto a la superficie de bosques a nivel global. Por tal motivo, está suscrito a compromisos y declaraciones internacionales para proteger los bosques y evitar su deforestación y degradación.

Esto debido a que, al mantener una cantidad significativa de su territorio cubierto por bosques, el territorio nacional se convierte en un actor crucial en la lucha contra la crisis climática y en la preservación de la vida silvestre, además de garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de ellos.

A pesar de ello, en paralelo, el Perú ya es el tercer país con mayor deforestación de bosque primario en la Amazonía, detrás de Brasil y Bolivia, con 144 mil 682 hectáreas deforestadas, según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Esta realidad se agrava aún más por el contexto de impunidad a favor de los grupos dedicados a las actividades extractivas y economías ilegales, entre ellas la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal.

Sin embargo, los golpes contra la diversidad biológica y los ecosistemas, no solo se gestan en el ámbito ilegal y empresarial, sino también en el Congreso.

Una muestra de lo dicho, se ve en las recientes modificaciones de la Ley forestal y de Fauna Silvestre, aprobadas por el Pleno la semana pasada —tras 10 minutos de debate—, acción que ha sido calificada por la organización ambiental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) como “un grave retroceso en la lucha contra la deforestación”.

César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, conversó con Infobae Perú para explicar a detalle cuáles son los puntos polémicos en la ley forestal.

Sobre ello, el especialista precisó, en primer lugar, que, a partir de ahora, se establecerá la exención de la clasificación de suelos. En concreto, esto beneficiará especialmente a empresas de monocultivo e implicadas en actividades de deforestación que previamente habían eliminado zonas boscosas sin formalizar y transparentar sus acciones por carecer de un análisis de suelo.

Por ende, no estarán obligadas a cumplir con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM). Este cambio normativo tiene un impacto significativo sobre el uso del suelo y el medio ambiente.

En esa línea, desde ahora, los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancia de posesión, las cuales pueden ser otorgadas por los Gobiernos regionales, no van a requerir la clasificación de tierras.

Acerca de estos puntos, Ipenza precisa: “En otras palabras, lo que se está haciendo es generar una situación de impunidad y de facilitar o legalizar la deforestación, que ya se cometió”.

Por otro lado, siguiendo otros efectos de las recientes modificaciones de la Ley forestal aprobadas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades nativas donde viven más de 650 mil hombres y mujeres indígenas, ha recalcado que la acción parlamentaria representa una amenaza para los pueblos originarios. Sobre todo, el mayor daño será para los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Pues, los territorios ancestrales de los pueblos aislados —considerados altamente vulnerables por depender exclusivamente de los recursos naturales— atraviesan una creciente amenaza por el rápido avance de grupos dedicados a actividades ilícitas que tienen como objetivo la usurpación y el despojo de tierras. Por ende, esta realidad implica el aumento de la deforestación en las áreas protegidas donde habitan estas poblaciones.

No obstante, como lo ha señalado Aidesep, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, las carteras de Agricultura y Ambiente, y ciertos sectores del Legislativo ya habían decidido archivar en marzo la iniciativa, los esfuerzos para aprobarla continuaron sin freno.

En esa línea, la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía realizó un llamado al Estado peruano sobre la deuda histórica que se mantiene con las comunidades originarias respecto a la legalización de sus tierras ancestrales, y, por otro lado, la inacción del Gobierno para asegurar la integridad de los bosques.