Ley Forestal: ¿quiénes estuvieron detrás de la modificación de la norma que ahora permitirá la deforestación en la Amazonía?

Una maniobra legislativa ha evidenciado la participación directa de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) —institución que representa al sector empresarial de mayor poder económico en Perú— en las últimas decisiones del Congreso de la República para conseguir la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una decisión, adoptada por insistencia, que fue aprobada con notoria rapidez el jueves 14 de diciembre.

La celeridad con que se trató la propuesta y la posterior aprobación de la modificación legislativa, con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, ha levantado sospechas sobre la relación entre el Poder Legislativo y las grandes empresas que podrían beneficiarse de cambios en la normativa ambiental y de recursos naturales.

Esto luego que se hiciera pública una carta firmada y enviada por Alonso Bustamente Canny, empresario agroexportador y nuevo presidente de la Confiep al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.

El documento fue remitido apenas un día antes de que la Junta de Portavoces del Parlamento agendara y aprobara por insistencia modificar la Ley N° 29763, que, según alerta el director del programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, abre paso al desarrollo de prácticas ilegales —como el tráfico de tierras—, afecta los derechos de los pueblos indígenas, aumenta la deforestación de los bosques Amazónicos, entre otros efectos.

En un párrafo de nueve líneas, la organización privada que agrupa al gremio del empresariado peruano argumentó que no aprobar la modificación de la Ley N.º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a través del texto sustitutorio que reunía los proyectos de ley 649/2021-CR, presentado por Perú Libre y 894/2021-CR, de Alianza para el Progreso, calificada como “una violación flagrante del derecho al trabajo”.

Asimismo, agregaron que rechazar la modificatoria ponía en peligro la estabilidad laboral y desalentaba la inversión en un sector clave para el crecimiento económico durante las últimas tres décadas en el país.

Y, por otro lado, reafirmaron lo siguiente: “El enfoque equilibrado de estas propuestas legislativas no promueve la deforestación futura ni afecta áreas forestales intactas, sino que busca regularizar actividades ya existentes en terrenos degradados”.

Sin embargo, lo cierto es que la conservación ambiental y los intereses empresariales no estarían alineados en un mismo camino.

Pues, con la contrarreforma aprobada, se han introducido cambios significativos en la gestión de uso de tierras, eliminando la necesidad de una autorización previa de zonificación forestal para modificar el uso de dichos terrenos. Anteriormente, esta autorización era esencial para determinar las zonas adecuadas para la agricultura y ganadería, así como para garantizar la preservación del patrimonio forestal.

De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dedicada a la promoción de la implementación adecuada de las políticas y legislación ambiental, la modificación de la Ley Forestal supone: “Un retroceso en la gobernanza de los bosques, al vulnerar los derechos de los pueblos originarios y poblaciones locales, debilitando la lucha contra la deforestación y haciendo caso omiso a regulaciones ambientales nacionales e internacionales”.

No obstante, aun así, María Zeta Chunga, presidenta de la Comisión de Agraria, afirmó que la propuesta legislativa asegura la estabilidad del sector agrario peruano y representa un paso fundamental hacia la seguridad jurídica de aquellos peruanos que se dedican a la producción agraria.

En esa línea, los partidos que respaldaron con un alta mayoría la iniciativa legislativa fueron Fuerza Popular, con 20 votos, Alianza para el Progreso (8), Avanza País - Partido de Integración Social (7), Renovación Popular (5), Acción Popular (4).

Entre los congresistas que figuran en dichos grupos están: María del Carmen Alva, Rosselli Amuruz, Rosangella Barbarán, Patricia Chirinos, Juan Lizarzaburu, Martha Moyano, Alejandro Muñante, Tania Ramírez, Adriana Tudela, Norma Yarrow, José Williams y Eduarno Salhuana. Este último parlamentario impulsa un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional la construcción de tres obras viales en la Amazonía, las cuales podrían amenazar a pueblos indígenas aislados y áreas naturales protegidas, según especialistas en materia ambiental y organizaciones indígenas.

Por su lado, la congresista Ruth Luque, del grupo político Cambio Democrático - Juntos por el Perú, ha expresado su preocupación sobre la modificación, indicando que esta debilita las medidas existentes en la lucha contra la deforestación y la protección y conservación ecológica.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades nativas y diversas organizaciones regionales, tales como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO); la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) advierte que los riesgos principales de los proyectos que han modificado la Ley Forestal son:

1. Permite legalizar áreas deforestadas para actividades agropecuarias, poniendo en peligro ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental.
2. Compromete los acuerdos internacionales de conservación y pone en jaque la comercialización de productos agrícolas bajo regulaciones internacionales de deforestación cero, amenazando así los medios de vida de cientos de miles de agricultores familiares y productores a nivel nacional.
3. Viola el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por encima de la autonomía y libredeterminación sobre sus territorios.
4. Compromete la sostenibilidad ambiental del país.