Rafael López Aliaga afirma que Patricia Benavides “se equivocó” en denunciar a Dina Boluarte por muertes en protestas

El alcalde de Lima se pronunció por crisis en el Ministerio Público tras la salida de manera temporal de la entonces fiscal de la Nación

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Esta mañana, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció por la crisis en el Ministerio Público tras conocerse la acusación en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El burgomaestre siempre le ha mostrado su apoyo e incluso se recuerda su condecoración a la entonces titular.

Esta vez, López Aliaga señaló que Benavides se “equivocó” al presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y exministros del Interior, por las muertes ocurridas en las protestas en contra de su gobierno entre diciembre de 2022 a febrero de 2023. A pesar de que este 15 de diciembre se cumple un año desde que las familias en Ayacucho no encuentran justicia por sus deudos.

“Creo que la señora Patricia Benavides debe defenderse sola, yo no soy nadie para defenderla [...] gran gesto para el Perú para investigar a este delincuente golpista. Pero, está mal, por ejemplo, que haga una denuncia a la presidenta de la República, al señor Otárola, por defender”, mencionó a Infobae Perú desde el distrito de Comas.
Rafael López Aliaga rechaza denuncia
Rafael López Aliaga rechaza denuncia de Patricia Benavides contra Dina Boluarte por muertes en protestas: “Se equivocó”

En otro momento, manifestó que ninguna autoridad va a querer poner a disposición a los integrantes de la institución al existir este tipo de denuncias. Sin embargo, olvida a los que murieron por impactos de proyectil de balas y que, hasta el momento, no se halla a los culpables.

“Este tipo de denuncias no la comparto, hay que respaldar el estado de derecho. Ahí creo que se equivocó”, agregó.

Por otro lado, criticó a la Junta Nacional de Justicia y aseguró que debe ser destituida luego de suspender a la entonces fiscal de la Nación por 6 meses.

Una denuncia constitucional y una acusación

Benavides presentó esta denuncia constitucional ante el Congreso de la República luego del escándalo en su institución, donde la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, Marita Barreto, ponía al descubierto una presunta injerencia de la entonces titular en el Parlamento.

Fotografía de archivo fechada el
Fotografía de archivo fechada el 24 de enero de 2023 que muestra a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, mientras habla durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Todo esto se habría dado a través de su asesor Jaime Villanueva, de quien un congresista habría facilitado a este equipo chats y audios que comprometían a sus colegas y al trabajador del Ministerio Público. A pesar de las graves acusaciones, Benavides decidió anunciar esta denuncia a pocas semanas de cumplirse un año de que peruanos hayan muerto en las movilizaciones.

De acuerdo con lo tesis fiscal, Villanueva coordinó con los parlamentarios para asegurar votos para la destitución de la JNJ, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y también la designación del defensor del Pueblo. Por ello, el Poder Judicial dispuso su detención preliminar, a lo que Villanueva decidió colaborar con la justicia.

Asimismo, se presume que los votos de los parlamentarios se daban a cambio de archivar denuncias abiertas, las cuales se han dado durante la gestión de Benavides.

Un año sin justicia

Un día como hoy, en Ayacucho, se desarrollaban las manifestaciones en contra del Congreso y Dina Boluarte. Enfrentamientos entre los protestantes y las fuerzas del orden dejaron 10 muertos, de los cuales tenían un impacto de proyectil de bala. A pesar de ello, las investigaciones en el Ministerio Público se han dado de manera lenta.

Familiares de los ciudadanos asesinados
Familiares de los ciudadanos asesinados en las protestas se reunieron para rendir homenaje a su memoria. - Crédito: Kuska/Twitter

Esta vez, la ciudad se vuelve a levantar para recordar y pedir justicia por sus familiares. Cabe precisar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó estas muertes como “una masacre” y precisó que existió el “uso de la fuerza del orden”. Ayacucho no fue el único departamento golpeado, sino también Cusco, Puno, Lima y otros que parece que haber quedado al olvido por las autoridades. Un total de 50 personas fallecidas y un silencio absoluto.

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