Alejandro Soto fue blindado en la Comisión de Ética: archivan investigación por la llamada ‘Ley Soto’

Nuevo blindaje en el Congreso de la República que abonará a su desprestigio ante la opinión pública. La Comisión de Ética archivó este viernes la investigación contra Alejandro Soto, titular de la Mesa Directiva, por presuntamente beneficiarse con la Ley 31751, denominada también como la ‘Ley Soto’. La decisión fue unánime: 13 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Entre los legisladores que optaron por salvar a Soto estuvieron Rosangella Barbarán y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Esdras Medina (Unidad y Diálogo) y Héctor Valer (Somos Perú). Incluso, a este grupo también se le unió Diego Bazán (Avanza País), quien es el presidente del grupo de trabajo.

Tal como Infobae Perú lo adelantó en la vispera, la secretaría técnica de la Comisión de Ética presentó hoy el informe final sobre el caso del presidente del Parlamento. A lo largo de la exposición, se trató de exculparlo de cualquier responsabilidad por usar la ‘Ley Soto’ que le permitió evitar una condena de ocho años y ocho meses de prisión efectiva por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica que le interpuso la empresa de transportes Waynapicchu en Cusco.

Inicialmente, se dijo que Alejandro Soto no era el autor de la iniciativa legislativa, sino el congresista Flavio Cruz de la bancada de Perú Libre. Además, se mencionó que el representante de Alianza para el Progreso (APP) no firmó el proyecto para que se vea en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por cierto, se enfatizó que nunca perteneció como miembro de este grupo.

De otro lado, se acreditó que Soto nunca tuvo coordinaciones con Américo Gonza, quien era el entonces presidente de la Comisión de Justicia, ni tampoco con autoridades del Poder Judicial y el Ejecutivo para que la norma sea promulgada y entre en vigencia.

Seguidamente, se agregó que el representante de la agrupación de César Acuña tampoco participó del debate de la aprobación de la ley, que realizó en primera instancia, y solo se limitaron a decir que votó en contra con sus demás colegas de APP.

No obstante, lo más sorpresivo del informe es que se reconoce que Alejandro Soto respaldó la ley en una segunda votación y apeló a la misma para que el proceso penal, que había sido archivado en el 2019 por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, prescriba por sobreseimiento tras una solicitud de su abogado. Pese a ello, consideran que no cometió ninguna falta al reglamento.

“Si bien el congresista investigado (Alejandro Soto) votó en segunda votación por la aprobación del dictamen del proyecto de ley 3991-2022, ello no ha significado vulneración del artículo 4º literal e) del Código de Ética Parlamentaria, al no evidenciarse que habría participado en el proceso legislativo en mención, además de no haberse acreditado la existencia de interés económico que debió haber sido advertido por el denunciado”, se lee en una de las conclusiones del documento.

“Está acreditado que el congresista Alejandro Soto Reyes, teniendo como antecedente que el proceso penal en su contra en una primera instancia había sido declarado sobreseído y prescrito; y al encontrarse vigente la Ley 31751, su defensa técnica la invocó en uso de sus facultades legales. Petición que pudo haberse rechazado en aplicación del control difuso del magistrado”, agregan.

En el informe final también se hace mención que contra la llamada ‘Ley Soto’ hay una propuesta de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) para derogarla. Pero se recalcó que, a fin de cuentas, no solo favorece al titular del Parlamento, sino que “comprende a todos los ciudadanos sin excepción alguna, prevaleciendo consideraciones legales y no éticas para la aplicación de la norma vigente”.

De esta forma, Alejandro Soto queda limpio de cualquier denuncia en el Congreso. Recordemos que fue salvado por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular al archivarse las investigaciones relacionadas a los casos de presunto nepotismo al contratar a la hermana de la madre de su hijo y por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho para destinarlo a la publicidad de sus actividades en Facebook.

Con ocho votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones se desestimó abrir una investigación contra Soto al sostener que informes del Congreso y la Contraloría no hallaron falta de él por contratar a su cuñada.

En tanto, con seis votos a favor y ocho en contra, se bloqueó la iniciativa para que se esclarezca por qué colaboradores de Soto dieron una parte de su sueldo con el fin de destinarlo a otros fines.