Juan Carlos Villena pide la renuncia de altos cargos e intervención de Contraloría en la Fiscalía de Nación

El fiscal interino, Juan Carlos Villena, quien fue asignado en reemplazo de la cuestionada Patricia Benavides luego de que esta sea suspendida por la Junta Nacional de Justicia por ser acusada de liderar una organización criminal, ha dado inicio a una serie de reestructuraciones en la Fiscalía de la Nación. El último lunes empezó con cambios de fiscales puntuales dentro de la institución, y este miércoles ha empezado con los cambios a altos funcionarios, además de otras medidas cruciales.

La orden fue emitida el último 13 de diciembre cuando, por medio del oficio circular N° 008-2023-MP-FN, Villena Campana solicitó a los fiscales de los altos cargos dentro del Ministerio Público que pongan su cargo a disposición de la Fiscalía de la Nación; a fin de revisar el nivel de implicancia que podrían tener cada uno de los funcionarios cercanos al cargo de Benavides Vargas.

Los cargos a los que se les ha solicitado poner su cargo a disposición implican la gerencia general, la secretaría general, la jefatura del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, la directora ejecutiva de una carpeta fiscal, gerentes centrales, sub gerentes, asesores del despacho de la fiscalía de la Nación y asesores de la gerencia general.

Es a raíz de esta solicitud que posteriormente se supo que todos los altos funcionarios de la institución habían puesto su cargo a disposición, a fin de que Villena Campana determine si ratificarlos en sus cargos o de lo contrario, que los devuelva a sus fiscalías de origen. Así lo adelantó el periodista Rodrigo Cruz este jueves.

Como si este hecho no fuera suficiente, el fiscal también remitió este miércoles una solicitud hacia el contralor Nelson Shack, a fin de que dicha institución disponga el inicio de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República en la que se realicen labores de gestión y fiscalización de carácter multidisciplinario.

Esta vez, el oficio está rotulado con N° 257-2023-MP-FN y en él se solicita a Shack Yalta que “en el marco de las funciones que le son inherentes, se sirva a disponer una auditoría de gestión y fiscalización de carácter multidisciplinario, dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión del Ministerio Público”.

Previamente, el fiscal de la Nación ya había solicitado la renuncia de otros miembros de la institución que eran ampliamente conocidos como cercanos a la suspendida titular del Ministerio Público. Este es el caso de los fiscales Marco Huamán, quien estaba a cargo de la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales; y la congresista Marena Mendoza, quien estaba designada en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

Como se sabe, el fiscal Marco Huamán estaba designado en los casos más adscritos a la fiscalía de la Nación. Llevaba, incluso, los casos de las muertes en protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte, que suman un total de 50 peruanos.

En el caso de Marena Mendoza, las referencias son mucho más extensas. En una publicación anterior, este medio detalló la importancia del cargo de Mendoza y el rol clave que cumplía para Patricia Benavides. Tras la salida del fiscal Rafael Vela Barba del Equipo Especial Lava Jato, Mendoza asumió dicha coordinación.

Incluso, durante los últimos días de Marita Barreto en el EFICCOP, Benavides había dispuesto que Marena Mendoza sea su reemplazo en el viaje a Colombia al que había planeado enviarla. Todos estos hechos también la definían como un personaje importante y cercano a la cuestionada Benavides Vargas.