La herida aún sigue abierta, asegura Rubén Pajua Huacachi. Herida que se abrió hace casi 22 años, cuando el devastador incendio en Mesa Redonda terminó por llevarse la vida de su esposa y de más de 500 personas, entre comerciantes y compradores, que llegaron hasta este espacio comercial en el centro de Lima, para ultimar detalles para la celebración del año nuevo 2002.
El próximo 29 de diciembre se cumplen 22 años de esta tragedia que todavía se mantiene en la memoria de los peruanos y, en palabras de Rubén, que ahora se desempeña como presidente de la Asociación y Familiares de Fallecidos en el Incendio en Mesa Redonda, los deudos y empresarios continúan buscando justicia.
El abogado de las familias víctimas, Félix Horna, considera que la justicia no ha logrado alcanzar a los verdaderos culpables: la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y el empresario Ricardo Wong. Este último fue quien ordenó colocar más de 100 toneladas de pirotécnicos en los almacenes en varios locales de Mesa Redonda; los mismos que terminaron estallando y provocando la desgracia que todos conocemos.
“Sí hay responsables. El abogado de aquel entonces dijo que había responsables. Que el primero era el Ministerio del Interior, o sea, el Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y el señor Ricardo Wong, porque había inundado Mesa Redonda, de más de 100 toneladas de pirotecnia [...] Sí, hay responsables, pero los limpiaron en el camino. Los han dejado solos ahí”, denunció durante una entrevista con Exitosa Noticias.
Deudos serían desalojados
Por si fuera poco, ahora los deudos de las víctimas denuncian que Bienes Nacionales y la Municipalidad de Lima buscan desalojarlos del único edificio que les entregaron a modo de reparación civil.
“Estamos en un predio que ocupamos desde 2004, que Bienes Nacionales nos quieren votar. Y lo que nosotros queremos es que nos entreguen y que respete el decreto supremo, la 008-2002″, lamentó Pajua Huacachi.
Como se recuerda, luego del siniestro, en el año 2002 y durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, se dispuso, a través de un Decreto Supremo, la entrega de tres propiedades para todos los familiares de los empresarios que resultaron afectados productos del siniestro.
El mencionado documento estableció que Bienes Nacionales venda tres propiedades de este espacio comercial a la Municipalidad de Lima por el valor de S/ 1; para que así la comuna distribuya estos inmuebles a los deudos.
Así se dispuso; sin embargo, en el año 2008, cuando la MML estaba dirigida por Luis Castañeda Lossio, una sesión de regidores aprobó la devolución de los tres inmuebles a Bienes Nacionales. Dos de ellos fueron entregados y posteriormente vendidos, y uno permanece actualmente en posesión de los deudos, pero en peligro de ser incautado.
“Hay postores que aparecen para ese predio, que desean pagar cierta cantidad de millones de dólares, pero a ellos desalojándolos. Entonces es un derecho que les asiste porque existe la norma legal, existe el respaldo jurídico, solamente que se pide ahora que Bienes Nacionales, que el superintendente, de una vez por todas, les entregue la propiedad. Pero para eso se ha pedido la intervención de la Presidenta de la República y del Premier, que ellos solamente le cursen un documento y que le digan que haga cumplir lo que dice el decreto supremo, nada más”, agregó el letrado.
“La presidenta Boluarte no nos responde”
El temor por perder lo que por derecho les corresponde ha llevado a los deudos, encabezados por Rubén Pajua, a solicitar apoyo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo; sin embargo, sus gritos de ayuda no han llegado a Palacio de Gobierno.
Según denunció el abogado de las familias, los oficios derivados al Ejecutivo han terminado en Bienes Nacionales. “Hemos pedido a la presidenta Dina Boluarte varios oficios. Le hemos mandado al presidente del consejo de Ministros, para que nos den una audiencia. No nos responden”, lamentó Pajua.
“Se ha enviado a la documentación a la Presidenta de la República, que lo ha tenido ella, pero no hay respuesta; al anterior gobierno de igual manera, al primer Otárola, al ministro de Vivienda, al ministro de Justicia, al defensor del Pueblo, que debe pronunciarse [pero] no se pronuncia. A pesar que en el año 2012, hay una carta del Defensor del Pueblo que dice, ‘entréguese esos bienes a los deudos’”, remarcó por su parte el abogado.
Mesa Redonda
El pasado 29 de diciembre de 2001, aproximadamente a las 07:15 p.m. comenzó la tragedia. Un comerciante encendió un fuego artificial para demostrarle a un usuario la potencia de este artefacto. Las chispas de este alcanzaron a otros explosivos que se encontraban en filas en pleno Jr. Cuzco.
Así comenzó una de las más grandes tragedias de los últimos 25 años. Más de 500 personas murieron aquella noche, donde el cielo se tiñó de humos de colores. Se presume que muchos fallecieron debido a la estampida humana, otros se quedaron encerrados en sus edificios para no perder su mercadería.
Según cifras oficiales, además de las muertes, 253 personas resultaron con quemaduras de hasta tercer grado, 138 niños quedaron huérfanos y hasta la fecha 63 víctimas siguen sin poder identificarse, calificándolos como NNs.