El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón —prófugo de la justicia desde hace más de 60 días—, dispuso que todos los trabajadores del partido marxista se inscriban como militantes y aporten al menos el 5% de sus remuneraciones, según un informe difundido este martes en Al Estilo Juliana.
De acuerdo con el reportaje, la medida fue acordada el último 28 de noviembre, durante el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), donde participaron dirigentes, congresistas y el propio Cerrón, sentenciado por corrupción a tres años y medio de prisión efectiva.
El programa difundió un audio en el que una asesora señala que el “descuento es por planilla” y otro registro de voz donde el legislador Segundo Montalvo menciona que la decisión proviene de la cúpula del partido. “Es una orden del CEN que viene a la bancada”, se le escucha decir al diputado. En esa sesión, Cerrón se conectó de manera remota.
El pago, según fuentes citadas en el informe, se debe realizar en efectivo para luego ser derivado a los congresistas, quienes coordinan la entrega al exgobernador de Junín entre 2011 y 2014, período en que se produjo el hecho que originó su condena por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.
Waldemar Cerrón, hermano del fugitivo y segundo vicepresidente del Congreso, señaló que el aporte de los militantes sí se encuentra establecido. “No son los trabajadores, eso es totalmente equivocado, son los militantes los que aportan”, señaló al ser consultado sobre el recorte salarial.
El fundador de Perú Libre, sentenciado a inicios de octubre, pasó a la clandestinidad sin dejar de pronunciarse sobre la coyuntura política. Pero, según el reportaje, desde paradero desconocido opera con sus partidarios. Solo hace unas semanas, el 23 de noviembre, respondió en un chat donde la congresista Kelly Portalatino habló sobre posturas en proyectos de ley.
Seis días después, en otra conversación con Natalia Jiménez, asesora de la segunda vicepresidencia del Congreso que ocupa Perú Libre, Cerrón compartió sus tiktoks. Al Estilo Juliana conoció que el político usa el mismo número telefónico que empleaba en la campaña presidencial del 2021 y con el que atendía entrevistas.
El general PNP Luis Flores, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), reveló a El Comercio que un grupo de efectivos estuvo “detrás de Cerrón tres veces”, pero cuando iba a intervenirlo ya “había desaparecido”. Por lo mismo, consideró que hay gente “influyente” protegiéndolo.
Además de enviarlo a prisión, el tribunal impuso a Cerrón el pago de una reparación civil de 800.000 soles y su inhabilitación para ejercer cargo público durante casi cuatro años.
De acuerdo con la Fiscalía, el político y el representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García, suscribieron un contrato para la construcción de la terminal aérea en Junín, sin considerar el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que señaló que el diseño final debía contar con su opinión favorable.
Cerrón ya fue sentenciado en agosto de 2019 por un tribunal de Junín a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar en la cárcel) por negociación incompatible. A mediados del 2022, además, el Poder Judicial ordenó varias medidas restrictivas en su contra en el marco de otra investigación en su contra por presunta afiliación a organización terrorista.
Y en agosto del 2021 fue imputado por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre, una acusación que salpica al actual congresista y entonces primer ministro Guido Bellido, además de otras 15 personas.
El abogado Luis Mayhua, quien lo respalda legalmente, ha señalado que su patrocinado se pondrá a disposición del Poder Judicial una vez que sea resuelto el recurso de casación presentado ante la condena, aunque no precisó en qué parte del país se encuentra.