Renuncia fiscal vinculado a Patricia Benavides que investigaba muertes en protestas contra Dina Boluarte

Tras instalarse la nueva gestión de Juan Carlos Villena en el Ministerio Público, ya se oficializó la primera salida de una persona que formaba parte del entorno de confianza de la cuestionada Patricia Benavides. Se trata de Marco Huamán Muñoz, quien trabajó al lado de la suspendida exfiscal de la Nación.

Huamán presentó su carta de renuncia a seguir como fiscal adjunto supremo provisional. El 3 de julio del 2022 había sido nombrado en este cargo y estaba adscrito al despacho de Benavides. Inicialmente se encargó del área de especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Luego, el 16 de junio pasado se le delegó la coordinación de las denuncias constitucionales.

Una de las últimas tareas que Huamán habría visto fue la denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, y exministros del Interior y Defensa de este gobierno ante el Congreso, por las muertes en las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, la acusación fue presentada en medio de los cuestionamientos hacia Patricia Benavides por la revelación de que lideraría una organización criminal en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Además, las críticas se agudizaron porque recientemente se había prolongado el plazo para investigar a Boluarte por ocho meses más por los presuntos delitos de homicidio calificado y genocidio. Al mismo exfiscal adjunto supremo Huamán se le cuestionó su actuación en este caso.

Un reportaje del semanario Hildebrandt en sus Trece reveló en mayo que Marco Huamán no había podido citar a los mandos del Ejército y la Policía Nacional para que rindan sus declaraciones en este caso. En un documento alegó que no tenía los nombres completos de los uniformados que participaron en la violenta represión que acabó con la vida de más de 60 peruanos.

El diario La República informó después que el saliente exfiscal adjunto supremo mentía porque desde enero ya tenía conocimiento de quiénes eran los militares y policías que estuvieron al mando de las operaciones en Ayacucho y Puno. Dicha información se la había proporcionada el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara.

Jara le remitió un informe a Huamán indicándole que habían abierto expedientes contra Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macrorregión Policial, y a Jesús Amarildo Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería, por las diez muertes que se dieron en Ayacucho hace un año.

Incluso, Jara le detalló a Huamán sobre las denuncias que recibieron de los familiares de las víctimas de la violenta represión policial-militar que el régimen de Boluarte ordenó en el inicio de su gestión. No obstante, el exfiscal adjunto supremo habría obviado estos datos claves que hubiesen permitido a esclarecer qué pasó en las regiones del sur cuando estallaron las primeras marchas.

De otro lado, a Huamán se le señaló de haber coordinado un encuentro entre Patricia Benavides y la encarcelada empresaria Sada Goray en el consulado del Perú en Miami (Estados Unidos) entre el lunes 6 y martes 7 de febrero pasado. Ahí, el saliente fiscal supremo adjunto recogió el testimonio de Goray como parte de las investigaciones por los presuntos actos de corrupción en los que participó en el Ministerio de Vivienda.

Con su renuncia aceptada, Huamán regresará a su plaza de origen que es el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Desde allí se le recuerda que fue el fiscal que intervino por primera vez Palacio de Gobierno durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

En la diligencia que Huamán lideró en la sede del Ejecutivo se encontró los 20 mil dólares en efectivo en el despacho de Bruno Pacheco, entonces secretario general de la Presidencia, quien ya era investigado por la comisión del delito de tráfico de influencias por presuntamente haber ejercido presiones contra Luis Enrique Vera Castillo, el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para favorecer a un grupo de empresas que tenían deudas.

Así lo dio a conocer el portal Lima Gris, que publicó capturas de los chats de WhatsApp que Pacheco habría enviado al jefe de la Sunat.