Daniel Soria: A 20 días de su remoción, Procuraduría General del Estado sigue sin representante

Han pasado casi dos semanas desde que el Ministerio de Justicia dispuso, a través de una medida cautelar, la separación temporal del exprocurador General del Estado, Daniel Soria. La remoción de quien sería el jefe de dicha institución ha sido ampliamente cuestionada, pues hasta la fecha, el Gobierno de Dina Boluarte sigue sin nombrar un reemplazo adecuado que cumpla las funciones ejercidas por el funcionario hasta el pasado 24 de noviembre.

En aquella fecha, mientras la Autoridad Nacional de Control disponía la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba, el ministerio de Justicia ejecutaba la medida cautelar que tomó por sorpresa al mismo Soria Luján; quien fue notificado por medio de un documento en el que se le “exoneraba de la obligación de asistir a su centro de trabajo y de prestar servicio bajo cualquier modalidad de trabajo”.

De entonces, una serie de acciones se han dado de manera interna en la Procuraduría General para buscar un reemplazo que idóneo que cumpla las funciones de Daniel Soria dentro de la institución y que terminan por responder a un factor crucial en las investigaciones por las muertes durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Tras anunciarse la “exoneración de labores” contra el procurador general, el Ejecutivo dispuso el nombramiento provisional de la abogada Nory Marilyn Vega Caro el 29 de noviembre del 2023, cinco días después de la salida de Soria del cargo. Esta disposición se dio mediante la Resolución Suprema N°272-2023-JUS en la que la misma Dina Boluarte dispuso el reemplazo de Vega Caro, respaldada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Fuentes de la Procuraduría General del Estado señalaron que, si bien la designación de Vega Caro duró un total de cinco días, la misma abogada notó una incompatibilidad en su nombramiento y prensentó su renuncia al cargo al día siguiente de haber tomado conocimiento; ello al constatar que los procuradores públicos no pueden pertenecer al Consejo Directivo de la Procuraduría.

Estas mismas fuentes detallaron que, en su calidad de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, determinó que su nombramiento podría generar cuestionamientos, pues el desempeño de sus funciones no cambiaría a avocarse a ello, sino que comprendería ambas labores, lo que correspondía a una incompatibilidad. El Ejecutivo, a fin de no hacerse cargo de la falta de atención ante esta controversia, aceptó su renuncia; pero en la resolución detalló que su salida del cargo venía del Gobierno “para no quedar tan mal”.

Llama la atención la manera en la que se ha dispuesto la salida de Soria, así como la demora para encontrar a un reemplazo que pueda ocupar su lugar; teniendo en cuenta que, al hacerlo, la presidenta Dina Boluarte estaría designando a quien representaría a la PGE en el caso que se le sigue en su contra, por los 50 asesinatos perpetrados durante el periodo de manifestaciones que se inició tras su toma de mando.

Como se sabe, la labor de la Procuraduría en este caso ha sido crucial como una de las partes que representa al estado peruano, no a la presidenta investigada, quien, tiene ahora la decisión de designar a quien estará en el cargo, este hecho podría ser considerado como un grave conflicto de intereses.

Cabe destacar que la decisión consignada en la medida cautelar expedida por el Ministerio de Justicia también genera dudas por tratar los mismos hechos cuestionados por los que el expresidente Pedro Castillo intentó removerlo durante su gestión. En tanto, el exprocurador Daniel Soria ha vuelto a emprender un proceso de amparo ante el Poder Judicial, al fin de ser repuesto en el cargo. Mientras tanto, y hasta que se dé una nueva designación, la Procuraduría General del Estado queda sin alguien a cargo.