Durante la COP 28 celebrada en Dubai, líderes indígenas y representantes de la sociedad civil de Latinoamérica y El Caribe han planteado la necesidad de una transición energética justa y comunitaria. El modelo energético propuesto se centraría en el manejo a nivel local y comunitario, bajo criterios de justicia social y ambiental. Dicho modelo busca también respetar los derechos de las comunidades, así como considerar los impactos y beneficios que para ellas implica, reduciendo la dependencia a combustibles fósiles y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad.
Iris Olivera, líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), ha señalado violaciones por parte del sector petrolero en la promoción de la extracción de hidrocarburos, contraviniendo normativas y compromisos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, y el Convenio 169 de la OIT.
Olivera reseñó además que entre 2000 y 2019, la Amazonía ha sufrido 474 derrames de petróleo, afectando territorios indígenas, quienes no han recibido soluciones adecuadas ni reparación alguna ante los daños ambientales, sociales y económicos de estos desastres.
La tendencia mundial hacia una disminución en el uso de fuentes de energía fósiles contrasta con las acciones locales que continúan promoviendo dichos recursos. Como ejemplo, se citó el compromiso del gobierno peruano de preservar un mínimo del 30% de sus zonas terrestres y marinas para 2030, poniendo en entredicho cómo se respetará esta meta si persiste la explotación de hidrocarburos, subrayó Olivera. Este señalamiento pone de manifiesto la necesidad de cambios en las políticas energéticas que garanticen el cumplimiento de los compromisos de conservación.
La presidenta de CORPI SL, Elaine Shajian, exigió una transición energética justa para las comunidades indígenas de la región Loreto, Perú, marcada por los perjuicios de la industria petrolera. Destacó el daño causado por los derrames de petróleo y la necesidad de que el Estado peruano incluya perspectivas indígenas en la planificación energética, durante un llamado a las autoridades para abordar las consecuencias y buscar alternativas renovables.
En el distrito de Manseriche, en Datem del Marañón, Shajian evidenció los problemas ambientales derivados de los derrames de petróleo en territorios indígenas no remediados por el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Energía y Minas, ambos sin acercamientos para discutir opciones de energía renovable. Además, señaló propuestas por parte del Ministerio para aprovechar hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y Parque Nacional del Manu, lo cual amenaza la biodiversidad y las comunidades indígenas.
La líder indígena subrayó los impactos negativos en la vida cotidiana de las comunidades, mencionando niños con metales pesados en la sangre y ríos contaminados, e instó a una pronta respuesta gubernamental para reparar daños y promover energías limpias.
En paralelo, Agilio Semperi del Consejo Machiguenga del Río Urubamba alertó sobre la perturbación en la seguridad alimentaria causada por los lotes de explotación de gas en la Amazonía del Cusco, resaltando la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y el incumplimiento de compromisos para minimizar exploraciones sísmicas.
Finalmente, los líderes indígenas advirtieron sobre el riesgo que enfrentan las Áreas Naturales Protegidas de Madre de Dios ante la posibilidad de que se aprueben iniciativas de extracción de hidrocarburos por Perupetro, lo cual podría comprometer el equilibrio ecológico de la región. Exhortaron al gobierno a reconocer las repercusiones actuales y a emprender un cambio hacia una verdadera transición energética democrática y participativa, que integre el acceso a la energía con el cuidado ambiental y el mejoramiento de servicios básicos.
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