La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) archivó la demanda que formuló -en setiembre de 2015- Florindo Eleuterio Flores Hala, camarada ‘Artemio’, en contra del Estado peruano, informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El exlíder del grupo terrorista Sendero Luminoso alegaba, entre otras cosas, que fue ‘mal condenado’ por la justicia y que estaba expuesto a condiciones carcelarias contra su ‘derecho a la integridad’ y ‘sociabilización con otros internos’.
“Una noticia que quiero dar es que el gobierno ha recibido una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Florindo Eleuterio Flores”, anunció el premier, desde los exteriores de Palacio de Gobierno, la tarde del lunes 11 de diciembre.
Otárola recordó que, meses atrás, encabezó una delegación de alto nivel en representación del Estado peruano que viajó hasta Washington, en Estados Unidos, para reunirse con la CIDH y expresar su solicitud de que se archive la denuncia de ‘Artemio’.
“Si ustedes recordarán, quien habla encabezó una delegación de alto nivel del estado peruano a Washintong y tuvimos un reunión con la CIDH en la que se solicitó el archivamiento de la denuncia de este convicto, confeso y condenado terrorista”, indicó.
Premier calificó la decisión como un triunfo
Además, Otárola calificó la decisión de la comisión como ‘un triunfo’ para el país y los organismos diplomáticos inmersos en el controversial caso.
“Este es un triunfo del Perú, de la Cancillería, de la Embajada del Perú ante la OEA y expresa la política pública en materia internacional y las instrucciones directas de nuestra presidenta para defender, ante cualquier instancia internacional, la seguridad, la vida de los peruanos y los altos intereses de nuestro estado”, mencionó.
La demanda formulada por ‘Artemio’, a quien se le señala de ser responsable de 500 acciones terroristas y mil muertes, se remonta a mediados de setiembre de 2015. Entre sus argumentos presentados ante la CIDH adujo que fue condenado ‘de mala manera’ por la justicia peruana y que lo sometían a condiciones carcelarias que vulneraban su ‘derecho a la integridad’ y a ‘socializar con otros reos’.
De acuerdo a ‘Artemio’, durante su juicio oral que se prolongó por seis meses, ‘se violó su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales’. En su demanda, advirtió que existía ‘vaguedad’ del tipo penal de terrorismo y cuestionó las pruebas utilizadas para sentenciarlo por dicho delito.
“La presunta víctima presentó un recurso de nulidad contra la referida resolución, alegando, entre otros puntos, que el Decreto Ley 25475, que regula el tipo penal de terrorismo, vulneraba el principio de legalidad, pues ninguna de sus disposiciones tipificaron de manera expresa e inequívoca el hecho considerado como crimen de terrorismo, por lo que se trataba de un tipo penal abierto que no precisa el bien jurídico tutelado”, se lee en el documento.
“Terroristas vienen cumpliendo justas condenas”
En agosto del 2022, la CIDH emitió un informe de admisibilidad de dicha demanda contra el Estado peruano. Desde entonces, el organismo internacional tenía el caso en sus manos, a la espera de dar un pronunciamiento.
“El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Flores Hala, sino definir si las autoridades judiciales (peruanas) han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial”, precisó la comisión.
En octubre de este año, a su paso por Washington, Otárola señaló sobre la demanda de ‘Artemio’: “Este hecho ofende la memoria de miles de compatriotas cruelmente asesinados por estos grupos delincuenciales. [...] Todos los criminales que cometieron reiteradas acciones terroristas vienen cumpliendo justas condenas”.
¿Cuándo fue capturado el camarada Artemio?
Los reportes policiales indican que Florindo Flores, camarada ‘Artemio’, fue capturado por la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP), el 12 de febrero del 2012, en la localidad de Tocache, región San Martín.
Su detención ocurrión durante el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, quien -en ese momento- calificó el hecho como “triunfo para el Perú”.
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