Rosangella Barbarán juramenta a jóvenes reclutados por Fuerza Popular y les pide llevar el ‘pensamiento Fujimori’

En el mismo evento, Keiko Fujimori señaló que durante el régimen de su padre hubo “errores”, pese a que el exdictador fue condenado por dos masacres

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Fuente: Twitter

La legisladora Rosangella Barbarán juramentó este sábado a un grupo de jóvenes reclutados por Fuerza Popular para el cargo de coordinadores regionales y les pidió mantener el ‘pensamiento [de Alberto] Fujimori’, el exdictador que cumplía una condena de cárcel por crímenes de lesa humanidad y que quedó en libertad esta semana por una disposición del Tribunal Constitucional (TC), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó lo contrario.

Barbarán, quien estuvo presente cuando el exautócrata salió del penal de Barbadillo, acudió a la llamada ‘Cumbre Naranja’, presidida por la lideresa de su agrupación política, Keiko Fujimori, próxima a sentarse en el banquillo de los acusados por lavado de activos, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.

“¿Juran por dios, la patria y nuestro partido al cargo de coordinadores nacionales para llevar como compromiso, de aquí en adelante, el ‘pensamiento Fujimori’?”, consultó la diputada a seis jóvenes, mientras eran aplaudidos por el público. “Si lo hacen, que dios, la patria y nuestro partido los premien; sino, que se los demanden”, siguió.

Posteriormente, la excandidata presidencial, derrotada tres veces en las urnas, agradeció a Barbarán por su función como Secretaria Nacional de Jóvenes del partido y deslizó que sus opositores “buscan borrar la memoria” del régimen que encabezó su padre.

Alberto Fujimori sale de la
Alberto Fujimori sale de la cárcel en coche con uno de sus abogados y acompañado por sus hijos Kenji y Keiko. (AP Foto/Martín Mejía)

“Sin duda se cometieron errores, pero el Perú que tenemos ahora es gracias a la decisión política de Alberto Fujimori y a la Constitución” promulgada en 1993, señaló.

Desde que irrumpió en la política, Fujimori dividió a la sociedad entre los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que encabezó graves violaciones a los derechos humanos y abusó de las instituciones democráticas para conservar su poder.

El octogenario fue sentenciado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta, cometidas en Lima por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe que dio en abril de 1992.

Sus acólitos lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alan García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se gestó la mayor red de corrupción de la historia, liderada por su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien también está preso por otros delitos de lesa humanidad atribuidos al grupo Colina y la desaparición de tres personas en los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional.

“Pensamiento Fujimori. Quienes quieren proscribir cualquier ademán que remita a Sendero son quienes imitan de manera burda su estilo. ¿Será que en el fondo no son tan distintos? ¿Será que ambos idealizan a autores mediatos de crímenes se minimizan, que pasan a un segundo plano?”, escribió al respecto el periodista Juan Manuel Robles, columnista del semanario de investigación Hildebrandt en sus trece.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha invocado a la comunidad internacional fijar sus ojos en el Perú por incumplir un fallo de la Corte IDH y permitir la excarcelación de Fujimori, una situación que, bajo su óptica, ha instalado en el país un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.

En un pronunciamiento divulgado minutos después de que el exdictador dejara la prisión, HRW indicó este episodio implica un “grave desconocimiento de las obligaciones internacionales” y “es una bofetada a las víctimas de atrocidades” del régimen.

La decisión coloca [al país] junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”, señaló la abogada y politóloga colombiana Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo.

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