En Perú, la violación a la privacidad y seguridad periodística se ha vuelto a destapar con un reportaje del programa dominical Punto Final de Latina Televisión, luego que su equipo —encabezado por la periodista Mónica Delta— declarara ser víctima de amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp que contenían sus datos personales, dejando al descubierto la posible infiltración ilegal en las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Como se recuerda, los ataques contra los periodistas comenzaron a ocurrir tras revelarse una investigación de su autoría que denunció la existencia de mafias dedicadas a generar y adulterar certificados de educación escolar registrados por el Ministerio de Educación (Minedu).
De acuerdo al medio televisivo, el hecho sugiere una alarmante vulnerabilidad en los sistemas de protección de datos del país, además de la intención detrás de los actos delictivos que buscarían coaccionar y silenciar la labor periodística.
Punto de partida
Todo comenzó el domingo 3 de diciembre, cuando Punto Final advirtió mediante un informe acerca de las acciones de un presunto grupo delictivo creado para manipular el sistema de calificaciones a fin de emitir certificados de estudios y hasta certificados de graduación falsos por solo 200 soles (aproximadamente 54 dólares).
Con un adelanto mínimo de 10 soles (cerca de 2.70 dólares) y el acceso a su Documento Nacional de Identidad (DNI), las mafias aseguran a las personas interesadas, que no han asistido a ninguna institución educativa, la inclusión del documento falso en la base de datos del Ministerio de Educación (Minedu), el cual pueden verificar en el sistema educativo al completar el pago.
Al descubrirse la red de fraude educativo, el equipo de Punto Final solicitó una entrevista con el sector Educación, quienes, a través de Silvia Roxana Ampuero Montes, directora general de Calidad de la Gestión Escolar del Ministerio de Educación, expresaron su desconcierto y comunicaron que la información se mantendría en reserva para evitar alertar a posibles hackers involucrados.
En esa línea, a los hechos se ha sumado el testimonio de la educadora Clara Ramírez Valderrama, directora del Colegio República de Cuba, ubicado en Comas, —distrito de Lima norte— quien se reunió con los periodistas de Punto Final para dar nuevos detalles que podrían estar relacionados con las presuntas mafias.
Mafias comprometen identidad de docente
Hace un mes, la docente Clara Ramírez Valderrama fue desvinculada del sistema de registro de notas proporcionado por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Tras diferentes intentos por recuperar su usuario, cuando las autoridades correspondientes le restituyeron el acceso, descubrió que su cuenta había sido utilizada para una actividad ilegal.
Ramírez se percató que se generaron 138 certificados de estudios para supuestos alumnos del colegio donde labora; sin embargo, ella afirmó que estos no habían estudiado en el centro educativo y que sospechaba que se efectuaron pagos para obtenerlos de manera virtual.
El hecho le suscitó preocupaciones en cuanto a su seguridad informática, puesto que las mafias habrían realizado acciones fraudulentas bajo su perfil de usuario.
“Me quedé estupefacta, dije qué ha pasado, cómo es posible que esté pasando eso, llamé a decir cómo han esperado tanto… 138 certificados, esto es una mafia, de frente le dije, esto es una mafia”, relató Ramírez a Punto Final sobre su conversación con miembros del Minedu.
En total, se estima que en un lapso de 30 días, los certificados escolares falsificados fueron comercializados, generando una ganancia ilegal de 27 mil 000 soles. El promedio por cada documento ascendía a aproximadamente 200 soles, sumando un total de 138 certificados vendidos bajo el usuario de la docente en un único colegio.
Las amenazas a Mónica Delta y otros periodistas
En torno a los periodistas, entre ellos Mónica Delta, que han develado el accionar de las mafias que operarían al interior del sector educativo, se sabe que han recibido amenazas de muerte a través de WhatsApp.
Los mensajes contenían datos personales obtenidos ilícitamente, como las fichas de la RENIEC de cada uno, y fueron enviados desde diferentes números de teléfono.
Estos datos se habrían publicado inicialmente en un grupo de Telegram, plataforma de mensajería instantánea que señalada por convertirse en un mercado negro de información sin filtros en Perú.