El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, remarcó este lunes que el Gobierno de Dina Boluarte estaba obligado a efectuar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori (1990-2000), “nos guste o no”, y pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a las autoridades que se abstuvieran de hacerlo.
“El Gobierno ha aplicado y cumplido, según el mandato constitucional, una resolución expresa sobre el caso que proviene del TC. Esa es la obligación de todas las autoridades. Nos guste o no nos guste, el TC es el último ente de control. Jerárquicamente, es un alto tribunal [cuyas] resoluciones [solo tienen que] acatarse y ejecutarse”, dijo en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Aunque la Corte IDH publicó una resolución de medidas urgentes en la que requería al Perú que frenara la liberación para garantizar justicia para las víctimas del régimen, Fujimori fue liberado horas después por una resolución del TC que ordenó la restitución del indulto otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“En efecto, existió unas medidas de urgencia expedidas por la Corte, las mismas que vamos a trasladar al TC para que se pronuncie de acuerdo a sus facultades. El Gobierno no es parte de este proceso, simplemente ha ejecutado una resolución del más alto órgano de control de la Constitución”, señaló el primer ministro.
Sus declaraciones llegan el mismo día en que Manuel Monteagudo, magistrado del TC, solicitó anular el fallo que permitió la liberación del exdictador, condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato de la masacre de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución de 10 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
“El auto de fecha 04.12.2023 incurre en una objetiva causal de nulidad, al haberse pronunciado sobre un asunto que en ningún momento fue sometido a conocimiento o deliberación del pleno”, reza la petición del tribuno, quien consideró que la decisión de sus homólogos “resulta improcedente”.
El fallo que abrió las puertas de la prisión a Fujimori fue firmada por tres de los seis actuales miembros del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales. Según indica la Convención Americana y el reglamento del tribunal, la Corte IDH puede elevar a la Organización de Estados Americanos (OEA) el incumplimiento de Perú a su orden o formular a la OEA las recomendaciones que estime pertinente.
Sin embargo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos, pidió a la Corte IDH que declare al Perú en desacato y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones por la liberación.
”Esperamos que adopte una decisión, que declare en desatado al Estado peruano y que sea puesto en conocimiento de la Asamblea General de la OEA. Eso está en el mandato de Corte y ya lo ha hecho con Nicaragua y Venezuela”, dijo a EFE la directora adjunta del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de Cejil, Florencia Reggiardo.
La portavoz recordó que en 2018 y 2022 Perú acató las disposiciones de la Corte IDH que le instó a abstenerse de liberar a Fujimori porque la gracia presidencial negaba el derecho al acceso a la justicia y era contrario a las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Boluarte condenó en el pasado el decenio “corrupto” del exautócrata y respaldó la causa de los deudos de estas matanzas. “Anhelamos una justicia que no permita casos de impunidad, cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas”, anotó en 2022, cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo y el TC restableció los efectos del indulto a Fujimori.
Entonces, Otárola también anotó que el “fallo del TC sobre [reponer el indulto a] Fujimori quiebra [la] memoria histórica y [los] estándares internacionales sobre indulto humanitario”.
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