Las investigaciones contra Dina Boluarte: muertes en protestas, una denuncia constitucional y plagios de libros

Ya pasaron 365 días desde que Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo, quien intentó sin éxito dar un golpe de Estado al declarar el cierre inconstitucional del Congreso, la intervención del sistema de Justicia y la instauración de un régimen de excepción. Al igual que en el Gobierno anterior, las investigaciones fiscales no le han sido ajena a la jefa de Estado.

Desde su juramentación se registraron protestas contra Boluarte. Estas manifestaciones se agudizaron con el paso de los días. El 11 de enero de 2022 se reportó el primer fallecido, un joven de 18 años de Andahuaylas que se llamaba Beckham Romario Quispe Garfias.

Solo en diciembre se registraron 29 muertes en contexto de protestas (22 en enfrentamientos y 7 por hechos vinculados al bloqueo de carreteras), de acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo. No obstante, la ahora suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no abrió investigación contra los altos funcionarios del Gobierno hasta el 11 de enero de 2023.

Los cargos iniciales fueron genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Además de Boluarte, la investigación también alcanzó a el premier Alberto Otárola, al ministro Jorge Chávez (Defensa), así como los exministros Vicente Romero, Víctor Rojas y César Cervantes.

Patricia Benavides presentó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Otárola, Vicente Romero, Víctor Rojas y César Cervantes el 27 de noviembre de este año, luego de que se revelara la presunta organización criminal que lideraría y que su exasesor Jaime Villanueva fuera detenido.

La presentación de la denuncia constitucional llama la atención ya que poco más de un mes antes, el 23 de octubre, Benavides amplió la investigación por 8 meses. Fuentes de Infobae Perú indicaron que esta extensión se dio para que se lleven a cabo las diligencias que faltaban, como la toma de declaración de testigos.

Para Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas, se trata de un “documento presentado sin haber sido terminado”.

“Creo que además es un documento hecho al apuro. Es un documento que básicamente pretende cumplir una suerte de formalidad sobre la base de un objetivo político. Cuando termina de presentar los elementos de convicción te da la impresión de que se han perdido algunas hojas que no lograron imprimirse. Hay varios asuntos muy relevantes que simplemente no son mencionados”, declaró Rivera a Infobae Perú.

El letrado también cuestiona que la extitular del Ministerio Público no haya desarrollado el concepto de graves violaciones de derechos humanos pese a colocarlo como agravante en la denuncia constitucional.

“En el documento no se dice una sola palabra de por qué está mereciendo tener esa calificación. Es un asunto difícil de entender. Eso juega a favor del denunciado, no tengo ninguna duda”, refirió el abogado, quien también objetó la calificación de “comisión por omisión”.

Finalmente, Carlos Rivera advirtió que la denuncia constitucional, en los términos en los que están redactados, “va a terminar malogrando el caso” y adelantó que esta podría ser archivada en el Parlamento bajo la excusa que es defectuosa. “No es un Congreso presto a defender temas de derechos humanos. Ya tenemos la experiencia en el caso de Inti y Bryan”, recalcó.

Desde el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte calificó como deleznable maniobra política la acción de Patricia Benavides: “Utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la fiscal de la Nación, respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”.

La denuncia constitucional aún no ha sido calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En caso de que sea admitida, la Comisión Permanente deberá fijar un plazo no mayor de 15 días hábiles para que se elabore el informe de hechos y se lleve a cabo las audiencias. Luego, el parlamentario delegado deberá redactar el informe final, que puede recomendar acusar a los altos funcionarios por delitos cometidos en el cargo o archivar la denuncia.

Al igual que su predecesor, la presidenta Dina Boluarte registra denuncias de plagio. Mientras que la Fiscalía tiene en la mira la tesis de maestría de Castillo, en el caso de la mandataria son dos libros los que están en el ojo de la tormenta.

Se trata de las obras “El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”. Debido a que ambos textos fueron elaborados antes de que Boluarte sea electa, la investigación está a cargo de fiscalías provinciales penales especializadas en Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual

“Como siempre, me someteré y estaré atenta a lo que dictaminen las autoridades competentes de acuerdo con la ley”, dijo la jefa de Estado tras revelarse el presunto plagio.

Sin embargo, ese compromiso público se desvaneció al pasar los meses: no se presentó a declarar pese a haber sido citada y solicitó la prescripción de los casos.

La prescripción es un recurso legal por el cual un investigado puede solicitar a las autoridades archivar el caso debido a que el plazo establecido para investigar y sancionar el delito ha caducado. Cabe precisar que la prescripción se calcula a partir de la pena máxima establecida en el Código Penal para cada ilícito. Eso sí, que un caso se archive por prescripción no implica que el imputado sea inocente, sino que simplemente el sistema de justicia no fue eficaz para perseguir el delito.

Antes de asumir como jefa de Estado, Dina Boluarte ya se había visto envuelta en investigaciones fiscales o parlamentarias.

Por ejemplo, a mediados de 2022, se dio a conocer que Boluarte venía siendo investigada por la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima por supuestamente no haber renunciado al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) para postular al Congreso en 2021. Este caso fue archivado en junio de este año.

Ya en el cargo de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte protagonizó un escándalo luego de que se revelara que hizo gestiones particulares como presidenta del Club Apurímac, pese a que la Constitución establece que los ministros de Estado están prohibidos de intervenir en actividades privadas.

Debido a que la presunta infracción constitucional y supuesta comisión de delitos mientras ejercía el cargo, la acción penal tenía que ser autorizada por el Congreso. No obstante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia constitucional el 5 de diciembre de 2022, dos días antes del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

Finalmente, Boluarte arrastra una investigación por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de la campaña de Perú en 2021. Según la tesis fiscal, la jefa de Estado habría realizado operaciones sospechosas para captar dinero. Esta hipótesis se vio reforzada luego de que se revelaran nuevos testimonios sobre aportes no declarados.