José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, comparó a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con Blanca Nélida Colán, una magistrada que ocupó ese mismo cargo durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y que fue condenada a prisión por mantener vínculos con la red de corrupción del ex asesor Vladimiro Montesinos.
“Muchos analistas ya han señalado que después de la dictadura de los 90 fue muy difícil recuperar la institucionalidad en varias instituciones del Sistema de Administración de Justicia. [...] ¿Cómo se limpia la institución después de Patricia Benavides? [...] Eso es bastante difícil”, señaló el fiscal provincial en una entrevista difundida este domingo por Ojo Público.
“Lo que se está evidenciando no tiene comparación con ninguno de los fiscales de la época democrática última del país, más se tiende a aparecer a lo que ocurría con Blanca Nélida Colán. Se tendrá que descubrir en la investigación quiénes son los otros fiscales que están comprometidos” en la presunta red criminal de tráfico de influencias atribuida a Benavides, suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), continuó.
El juicio contra Colán estableció que se enriqueció ilícitamente gracias a su relación con Montesinos, quien le entregó pagos mensuales para que someta su cargo, y que intervino a su favor para que el Ministerio Público archive una investigación que enfrentaba el número dos de Fujimori por corrupción de funcionarios.
“Hay circunstancias que nos llevan a entender que la institución se está afectando a niveles que, ojalá, puedan ser rescatados oportunamente. Usted ha visto que la defensa de [Benavides] es un investigado en el caso Lava Jato, con lo cual está dando entender de que la frase que dijo el fiscal [Rafael] Vela es cierta con respecto a que es rehén de la política, como consecuencia de haber buscado salvar de las decisiones fiscales a su hermana y luego otras decisiones que la han conducido finalmente a este escenario”, apuntó.
En otro momento de la entrevista, José Domino Pérez se refirió a la respuesta que tuvo Benavides el mismo día en que estalló la investigación a su círculo de asesores y se expuso una red que, según la tesis fiscal, coordinó con congresistas ―bajo su batuta— para lograr la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la remoción de los miembros de la JNJ.
En un pronunciamiento grabado, la magistrada señaló que esta acusación buscaba amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad” y, entonces, denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en protestas.
“Yo creo que la actuación más miserable [...] es instrumentalizar un caso tan sensible que ha involucrado la vida de varios peruanos en hechos lamentables, como fueron las protestas sociales últimas. Además, creo que días antes los medios informaron de la ampliación del plazo de investigación porque no se había recabado toda la información”, dijo el fiscal provincial al respecto.
“Esto evidenciaría que lamentablemente no ha actuado de acuerdo a las exigencias y obligaciones que demanda su cargo y, por el contrario, emplea este caso bastante sensible para fines personales. Eso sería desdeñable, bastante cuestionable y no resistiría ningún medio de defensa, porque la institución se está deslegitimando de una manera bastante grave con esas actuaciones [...] Aquí lo que hay es un grupo de personas que ha entregado la institución a intereses criminales”, siguió.
Domingo Pérez, quien tiene en curso procesos disciplinarios, ha denunciado actos de hostigamiento, acoso e intimidación en su contra y colegas del equipo Lava Jato, que tiene a cargo pesquisas contra cuatro expresidentes y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, próxima a sentarse en el banquillo por el caso Cócteles.
“Nosotros queremos que el juicio oral sea presencial, para que la prensa pueda informar a la ciudadanía de lo que ocurre en ese juzgamiento tan importante. Espero demostrar con las pruebas que se ha admitido la culpabilidad de Keiko Fujimori y de los demás acusados para que sean condenados. Espero demostrar con las pruebas la responsabilidad del partido Fuerza Popular para que sea disuelto y liquidado a través de la sentencia condenatoria al final de juzgamiento. Estas son expectativas legítimas”, remarcó.
De igual modo, hizo mención a la liberación de Fujimori dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC) y aprobada por la administración de Boluarte, pese a una orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Yo creo que todo estudiante de derecho sabe que hay un respeto a las decisiones judiciales, en cualquiera de sus niveles, más aún los abogados, pero lo que viene ocurriendo ya no es propio de un estado de derecho”, zanjó.