Comunidades campesinas denuncian abandono e ineficiencia de Gobierno de Boluarte para combatir minería informal e ilegal

En Puno, desde hace 20 años, el afluente de agua más importante que desemboca en el Lago Titicaca está siendo gravemente afectado por la producción de oro proveniente de la minería informal, una actividad capaz de generar una pérdida económica de S/ 23 millones 760 mil soles al año, de acuerdo a un estudio realizado por la consultora V & C, comisionada por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

La cuenca recibe el nombre de Suches y sus aguas atraviesan la línea fronteriza entre Bolivia y Perú, abasteciendo a 33 comunidades campesinas del distrito puneño de Cojata, quienes han emprendido una lucha incansable y aislada contra los mineros informales para la muerte de sus animales, la pérdida de sus cultivos y la falta de agua para su consumo diario.

Una realidad que vienen denunciando de manera reiterada ante el Estado peruano con el objetivo de recuperar el control sobre su principal fuente de abastecimiento del recurso hídrico, que, a la fecha, continúa sin ser atendido. Ante ello, la organización y autogestión ha sido la única salida para hacer frente en defensa del ambiente, el agua y la vida. Esta es su historia.

La situación de abandono estatal y la violencia vinculada a la minería informal son dos problemas que incrementan el avance de los grupos dedicados a esta actividad, que, según el sociólogo peruano y exasesor de Ministerio del Interior (Mininter), Dante Vera, es aquella que está en falta administrativa por no cumplir los requisitos que el Estado peruano solicita a sus operadores para iniciar su proceso de formalización.

Mientras que la minería ilegal —vinculada a otras economías criminales, como el narcotráfico, trata de personas, tala de madera, contrabando y otros— es desarrollada en zonas de exclusión minera, entre ellas Áreas Naturales Protegidas (ANPs), riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca, concesiones de terceros, y demás puntos específicos, donde mediante el uso de maquinaria prohibida se extraen minerales.

En el caso del distrito de Cojata, la minería informal es la que predomina y representa una amenaza para los productores ganaderos y criaderos alpaqueros, que, en un inicio, creían que el problema de contaminación del río Suches radicaba únicamente en las unidades mineras que operaban en las cabeceras de la cuenca.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se percataron que a sus pies de aquella fuente de aguas cristalinas también estaba viéndose afectada por la presencia de los grupos informales.

De acuerdo a un comunero (al que llamaremos) José Benítez —quien accedió a brindar su testimonio a Infobae Perú— las constantes tensiones con los mineros informales han roto la armonía y tranquilidad en el distrito de Cojata.

Hoy en día, las personas dedicadas a la actividad extractiva no regulada amedrentan y, en algunos casos, hasta amenazan de muerte a las comunidades campesinas por mostrarles su rechazo contundente.

En ese marco, mientras los riesgos hacia su entorno social y la salud pública de la población se incrementan, se han formado organizaciones de base para crear y debatir soluciones autónomas que les permitan mitigar el grado de contaminación en su principal fuente agua.

Pues, las comunidades campesinas se han cansado de esperar la intervención de las autoridades locales, regionales y nacionales.

En esa línea, la autogestión es un pilar fundamental que ha contribuido en reforzar sus acciones colectivas de protesta para no dejar de alzar su voz y, a pesar de las trabas, seguir exigiendo la atención y participación activa del Gobierno para solucionar este problema, que, impacta de igual manera a 21 regiones de la costa, sierra y selva, de acuerdo al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam).

Dentro de dicho conjunto están los departamentos de Madre de Dios, La Libertad, Piura, Arequipa, Ica, y otros.

El sociólogo Dante Vera sostiene que la relación entre el Estado peruano y la ciudadanía fuera de Lima se fragmenta por la ausencia de un sentido de representación, legitimidad y credibilidad desde la presidencia de la República.

Pero, también por la falta de capacidad de gestión nacional, regional y local para llevar a cabo de manera adecuada las acciones establecidas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial al momento de resolver sus demandas, argumentando que: “cada uno está guiado por sus propios intereses sin complementariedad”.

Por ejemplo, esta realidad se ve bien reflejada en la problemática que enfrentan las comunidades campesinas de Cojata.

Pues, estas aseguran que, hasta hoy, no se logra ejecutar ninguna acción que contribuya a agilizar de manera eficiente la salida de los mineros informales de la cuenca de Suches, utilizada históricamente para el riego de cultivos como la papa, quinua, cebada, avena y trigo, así como para la crianza de ganado que provee de carne, leche y fibra a la población de Puno y, a su vez, a otras regiones del país.

Sobre ello, el comunero José Benítez precisa que: “un 80% de la minería informal en Suches proviene de Bolivia y, aquí [en Perú], corresponde a un 20%”.

Sin embargo, a pesar que el hecho es de conocimiento por parte del Ministerio Público y la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, la falta de accionar e implementación de una estrategia para promover el desarrollo de la minería en Puno, en armonía con el entorno social y ambiental, persiste.

Además, las autoridades han sostenido en su discurso que “la situación está controlada”, así lo aseguró en 2021 Holger Cari Apaza, director en ese entonces de la DREM. Esto a pesar que en dicho año, durante una verificación de contaminación ambiental con la participación de las autoridades competentes, se detectaron 200 unidades mineras en el lado boliviano que afectaban a la cuenca del Suches, y cuatro en el lado peruano.

En esa línea, a tres semanas de finalizar el 2023, las comunidades campesinas de Cojata alertan que la situación en la cuenca del Suches está fuera de control, dando cuenta que el problema involucraría incluso hasta altos mandos de la DREM presuntamente coludidos con los grupos informales para ganar terreno.

“Siempre faltando casi dos o tres días los mineros paralizan sus actividades, entonces, los funcionarios de la DREM cuando se acercan al lugar solo encuentran maquinarias o chutes. La DREM no nos informa más otra cosa”, agrega el ciudadano de Cojata.

En el marco de aquel hilo, el sociólogo Dante Vera comenta: “esta situación en particular demuestra que hay un desentendimiento entre los niveles de Gobierno, cómo no hay un plan y se actúa de manera inmediatista, la crisis siempre vuelve a reventar, pero más violenta, porque cada vez más el Estado pierde la confianza”.

La degradación ambiental que afecta la cuenca del río Suches surge presuntamente por el inadecuado manejo de sus aguas por parte de los mineros informales concentrados en la línea fronteriza entre Perú y Bolivia.

Al respecto, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREM) de Puno sí ha advertido sobre la situación, detallando que existe la presencia de mineros informales bolivianos que estarían contaminando el inicio de las cuencas que desembocan en el río Suches.

Asimismo, han indicado que en la zona se han establecido varios proyectos mineros, la mayoría en proceso de formalización. Ante ello, desde la DREM, se ha solicitado formalmente la intervención de la Cancillería para abordar los daños ambientales causados por la descarga de lodos y relaves mineros, que están afectando directamente las aguas compartidas entre ambos países.

Pero, a la fecha, no se ha ejecutado ninguna acción y, en cambio, el nivel de violencia y rechazo hacia las comunidades campesinas en pie de lucha se ha incrementado en la zona fronteriza, mientras que la actividad extractiva permanece activa.

“Las aguas de las operaciones mineras de Bolivia las sueltan al lado peruano, afectan nuestra agua de uso agrícola. Estamos consumiendo esa calidad de agua que se ve cómo chocolate. Lo único que nosotros pedimos es agua limpia, como 20 años atrás. ¿Qué agua van a tomar las próximas generaciones en estas tierras depredadas? Antes nuestros ríos eran cristalinos. Nadie nos escucha”, expresa José Benítez.

En el marco del conflicto entre los mineros informales de Bolivia y de otros países, como Venezuela, que operan en la zona, de acuerdo a los comuneros del distrito puneño de Cojata, las organizaciones campesinas han reforzado sus medidas de lucha en respuesta a la contaminación del río Suches.

Para ello, han elevado un pliego de demandas al Gobierno para enfrentar en el breve plaza la crisis ambiental que vienen enfrentando hace décadas.

Los puntos clave incluyen, en primer lugar, la solicitud de una declaración inmediata de emergencia para la cuenca. Luego, la reactivación de la comisión técnica binacional entre Perú y Bolivia a miras de suspender la operación de concesiones mineras en la zona, y la propuesta de instalación de una mesa de diálogo el Estado, a través de sus entidades competentes.

Estas exigencias buscan enfrentar los retos ambientales y sociales de la actividad minera informal y otras problemáticas en torno a la gestión del agua y el territorio.

“Es muy lamentable el Gobierno de Dina Boluarte. Puno y otras regiones de la sierra pasamos por este problema y estamos completamente olvidados. Si no nos cumplen las autoridades con paralizar la minería informal, saldremos a luchar contra los mineros, ya hemos quedado en eso”, asevera José Benítez.

En tanto, el sociólogo Dante Vera advierte que esta falta de escucha por parte de las autoridades de la que habla Benítez demuestra la necesidad urgente de crear mecanismos y protocolos para intermediar las demandas locales.

“Los líderes sociales locales anuncian que hay problemas relacionados a la minería informal e ilegal desde hace años, pero muy poco o nada no son escuchados. Por eso, cuando se desata la crisis, como lo ocurrió en Pataz, casi se hace imprescindible que vayan las autoridades nacionales al lugar solo para tener una presencia postmorten, sin capacidad alguna de resolver los problemas que han suscitado la crisis, tanto porque no conocen el proceso, los actores y las causas de las demandas”, enfatizó el especialista.