El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) instaló la Mesa Regional de Amazonas en Chachapoyas. De esta forma, este sector busca intensificar los esfuerzos para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
Lo que se planea concretar son medidas para que distintos sectores del Poder Ejecutivo las apliquen, incluso las instituciones de diversos niveles del gobierno.
En la reunión, donde participó el Gobierno Regional de Amazonas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) sugirió abordar de manera efectiva los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
Mencionaron que es de suma importancia aplicar el Mecanismo Intersectorial, que actualmente está en vigor, para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos.
También se especificaron los aspectos de la propuesta con los que se busca implementar un espacio, que permita a su vez la coordinación de acciones concretas en distintos niveles del gobierno.
El objetivo es abordar de manera efectiva los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos en el departamento de Amazonas.
Esta mesa regional se une a las cuatro ya creadas por el sector de Justicia y Derechos Humanos en Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Loreto, con el mismo propósito. Estos espacios promueven la acción multisectorial desde el Ejecutivo y multinivel desde los tres niveles de gobierno.
La reunión fue encabezada por Guillermo Valdivieso, jefe del gabinete de asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), y Leyda Rimarachín, vicegobernadora Regional de Amazonas. También participaron los delegados de las comunidades amazónicas wampis, awajún, aguaruna y huambisa, entre otras organizaciones.
Precisamente el pasado 4 de diciembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana, declaró que, tras la sesión de Consejo de Ministros, se propuso una reunión con defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Hizo esta propuesta luego de que se conociera el asesinato del líder indígena Quinto Inuma, a pesar de que tenía medidas de protección desde 2021. Como se sabe, esta persona venía denunciando ataques a su comunidad de parte de madereros ilegales y esta habría sido la razón por la que acabaron con su vida, ya que recibió amenazas en varias ocasiones.
Para identificar a los responsables, el ministro Arana aseguró que dispuso al Ministerio del Interior la búsqueda e investigación del crimen.
A este trágico hecho, se suma el archivamiento del proceso penal que la Fiscalía aperturó para condenar a los responsable del asesinato de cuatro líderes indígenas en Saweto. Las viudas de estas personas se reunieron con el ministro Eduardo Arana, junto con las ministras Albina Ruiz, del Ministerio del Ambiente, y Leslie Urteaga, del Ministerio de Cultura. También participaron los representantes de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Líderes indígenas peruanos exigieron justicia y protección tras el asesinato de Quinto Inuma y otros 27 defensores de la Amazonía en la última década, durante la Conferencia de las Partes (COP28). Según informó el medio Ojo Público, Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, expresó su frustración ante la falta de eficacia de las garantías estatales.
Los representantes indígenas han solicitado que las políticas del Estado peruano se alineen con los compromisos ambientales asumidos a nivel internacional. Destacaron la contradicción entre la promesa de detener la deforestación, acordada con Noruega durante la COP27, y los intentos legislativos que buscan modificar la Ley Forestal, poniendo en riesgo los territorios ancestrales con actividades agrícolas. Las comunidades exigen el respeto por los compromisos de mitigación de la deforestación, según lo subrayado por Wilfredo Tsamash, presidente de Codepisam.