El congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley para modificar una vez más la Ley Universitaria para que ya no se exija el conocimiento de inglés, o una lengua nativa, para acceder al grado de bachiller.
Se trata del proyecto de ley 6564-2023/CR, que elimina dicha exigencia sin explicación alguna. La exposición de motivos no precisa la razón para que las casas de estudios no soliciten dicho requisito para emitir el respectivo diploma de bachiller a favor del estudiante egresado.
En consecuencia, para obtener el título profesional tampoco se exigiría el idioma inglés. Recién sería obligatorio que las universidades o centros de posgrados pidan la referida lengua al tramitar una maestría.
Publicación de artículo científico
Por otro lado, la iniciativa de Waldemar Cerrón propone agregar la publicación de un artículo científico como alternativa para obtener el título profesional o una maestría.
“Lo que se pretende con la propuesta legal es, reconocer el esfuerzo que despliega el investigador, en esa medida se propone otorgarle el título que corresponda de acuerdo al despliegue de los resultados de investigación científica debidamente acreditada”, afirma Cerrón Rojas.
“Con la aprobación de la presente propuesta se fortalecerá el desarrollo de la investigación científica en las universidades, el cual traerá incidencia directa en el desarrollo social y económico del país. Otro beneficio es incentivar a los estudiantes universitarios y profesionales del país se involucren en la investigación científica, tanto más si esté sector viene siendo postergado en nuestro país”, añade el perulibrista.
Granja de artículos
Waldemar Cerrón propone darle un mayor valor a los artículos científicos luego de que se diera a conocer que malos profesionales pagarían para aparecer como autores de publicaciones científicas en las que no participaron, tal como reveló Punto Final.
La investigación periodística revela que docentes de universidades privadas y públicas en Perú están participando en prácticas de corrupción académica, pagando hasta 500 dólares para figurar como autores en investigaciones científicas sin haber contribuido realmente. El esquema fraudulento incluye además incentivos económicos por parte de universidades privadas, que ofrecen bonificaciones de entre 5.000 a 9.000 soles por la publicación de artículos en revistas científicas internacionales, mientras que las instituciones públicas recompensan con medio sueldo extra, procedente de fondos públicos.
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y voces académicas, como el investigador Nahuel Monteblanco y el vicerrector de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, Carlos Cáceres, reconocen la problemática, subrayando la falta de medidas sancionadoras y confirmando que la práctica corrompe el valor del currículum académico.
La directora de Concytec, Claudia Córdova, admite la consciencia de los casos y la búsqueda activa de los mismos, mientras que la vicerrectora de investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, Ana María Muñoz, destaca la improbabilidad de publicar numerosos artículos en un solo año, advirtiendo sobre la incoherencia de estos comportamientos.
Rosario Romero Parra, anteriormente vinculada a la Universidad Continental, forma parte de una extensa lista de investigaciones, sorprendiendo por la cantidad de publicaciones realizadas en un año y su alegada contribución metodológica a pesar de su conocimiento “básico” de la medicina. Su situación es representa un ejemplo adicional de las irregularidades reportadas, indicando, además, en otro caso, que la investigación podría incluir a otros profesionales peruanos como coautores fraudulentos, específicamente enfocados en un estudio sobre niños y la lectura en Grecia.
Esta situación plantea serias preocupaciones éticas y legales relacionadas con la integridad de la investigación académica y el uso de fondos públicos. La revelación pone de manifiesto la necesidad urgente de una reacción institucional decidida para erradicar estas prácticas y restaurar la confianza en el sistema de educación superior y la investigación científica en Perú.