El Estado peruano no ha cumplido con las medidas de reparación integral estipuladas por el Comité de Derechos del Niño de la ONU para Camila, pese a haber transcurrido el plazo de 180 días estipulado. El organismo había dictaminado que el Perú es responsable de la vulneración de múltiples derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño, en el caso de la menor.
La niña, que a la edad de 13 años se vio embarazada a consecuencia de abusos por parte de su progenitor, había solicitado junto con su madre la aplicación de un aborto terapéutico ante el alto riesgo que su embarazo representaba para su vida y salud. Esta petición fue desatendida por las autoridades peruanas. Tras una pérdida espontánea del embarazo a las 13 semanas de gestación, la Fiscalía inició un proceso penal en su contra, acusándola de haber inducido su propio aborto.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) ha señalado, que no se ha registrado ningún avance en relación con las 11 medidas dictadas para la reparación individual de la niña y para prevenir sucesos similares. Promsex ha alertado sobre la falta de acciones por parte del Estado para subsanar las violaciones a los derechos de Camila y para establecer mecanismos de protección para otras menores en circunstancias parecidas.
La sentencia contra Camila por delito de autoborto fue revocada gracias a la apelación de su defensa. Sin embargo, durante ese tiempo la adolescente decidió abandonar su hogar y suspender sus estudios escolares. Debido a las acciones de las autoridades y a la presión social ejercida sobre ella, Camila optó por llevar su caso ante instancias internacionales, resultando en un fallo que censura al Estado Peruano y le exige suministrar una reparación integral a la joven por el daño sufrido a raíz de la transgresión de sus derechos como niña.
Perú viola los derechos de una niña y no acata medidas de la ONU
Según los plazos estipulados, se debían tomar 11 medidas en 180 días para asegurar la salud y seguridad de Camila, una menor afectada, y prevenir casos futuros. El único avance registrado ha sido la publicación del dictamen en español, obviando la traducción al quechua, lengua materna de la menor.
La desatención a las medidas propuestas incluye la no despenalización del aborto infantil y la falta de adaptaciones en la Guía Técnica de Aborto Terapéutico para menores. La Procuraduría General del Estado debe acelerar el proceso de cumplimiento. La situación es alarmante, ya que diariamente cuatro niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres en Perú, a menudo como resultado de abusos sexuales, lo que resalta la vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas.
La directora de Promsex, Susana Chávez, advierte sobre la necesidad de considerar las particularidades de la infancia en la guía mencionada. “La medida más efectiva para que no vuelvan a ocurrir casos como los de Camila, o el más reciente conocido como Mila (Iquitos), es aprobar una Guía de Aborto Terapéutico con enfoque de niñez”, afirma Chávez, y hace énfasis en que las niñas no deben ser tratadas como adultas en tales situaciones.
Este caso pone en evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano para atender los compromisos internacionales de derechos humanos. La inacción no solo perpetúa la problemática, sino que también contribuye a la violencia estructural y discriminación sistémica contra Camila y otras menores en circunstancias parecidas.
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