El inexistente plan Boluarte a un año de gestión y la inseguridad en su punto más álgido: “Gobierno a la deriva”

El grueso de la población peruana se siente insegura ante el avance del hampa. Las encuestas más recientes revelan que el 80 % del país cree estar expuesto a la delincuencia, a los grupos criminales nacionales y extranjeros y al abanico de delitos que —según datos de la misma Policía— ganan más terreno, como el sicariato, la extorsión, el proxenetismo y la trata de personas.

La ciudadanía en Lima y regiones se siente ‘secuestrada’ por el crimen organizado, advierten los expertos. La sensación más recurrente entre los habitantes es que no creen estar seguros ni en sus propias casas, menos caminando por la calle, comiendo en un restaurante con la familia, comprando en el supermercado o tomando un poco de aire en el parque.

La inseguridad ciudadana se mantiene firme como uno de los problemas que más angustia al peruano. La población busca, desde hace mucho tiempo, una respuesta concreta de las autoridades, más allá de operativos policiales o desarticulaciones de algunas bandas criminales, reflexionan los expertos.

En medio de ese preocupante panorama, un importante número de peruanos, entre autoridades, políticos y ciudadanía, volteó a mirar a El Salvador, país con los menores índices de delincuencia en la región. El llamado Plan Bukele empezó a resonar con más fuerza y no faltaron las voces —con evidente hartazgo por el hampa— que pedían replicarlo en nuestro territorio.

Semanas después de este anuncio, que ha sido calificado como ‘temerario’ e ‘irresponsable’ por un sector especializado, el gobierno de Dina Boluarte ordenó de manera excepcional poner en estado de emergencia algunos distritos de Lima y provincia. El objetivo: frenar la criminalidad organizada, principalmente al Tren de Aragua y sus sanguinarias células delictivas.

Un plan no es un remiendo de recetas ajenas, sino un propio modelo sistemático que se elabora anticipadamente, en este caso para combatir la inseguridad ciudadana en el país, algo que es evidente nunca tuvo el actual gobierno en 12 meses de gestión, y que tampoco parece que esto fuera a cambiar, sostienen los expertos.

“El gobierno que nos explique en qué consiste el Plan Boluarte. Después de un año, seguimos esperando. Y en esa espera estamos viendo cómo el crimen organizado mantiene secuestrado a poblaciones enteras. En Lima está San Juan de Lurigancho, en La Libertad tenemos a Pataz y así otras zonas del país”, dijo el exministro del Interior, Ruben Vargas, a Infobae Perú.

Para el extitular del Mininter, a un año del gobierno de Boluarte es difícil —por no decir imposible— realizar un balance en materia de lucha contra la seguridad ciudadana.

El también exministro del Interior, Remigio Hernani, coincidió que “nunca existió tal Plan Boluarte” y que solo se trató de un anuncio temerario del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, de quien advirtió “tiene ansias excesivas de poder”.

“No existe, nunca existió (el Plan Boluarte). Es solo un invento del premier Otárola, que es una persona con ansias excesivas de poder; quiere gobernar. Y la señora Boluarte se lo permite. Tener un plan no es solo salir a anunciarlo o, acaso, alguno ve que se haya implementado algo concreto”, manifestó a Infobae Perú.

Hernani cuestionó, además, la designación de Víctor Torres Falcón como titular del sector Interior y aseguró que “no está preparado” para el cargo.

“El ministro Vicente Romero no hizo cosas importantes contra la inseguridad, como es darle prioridad a la inteligencia operativa, formando unidades que luchen contra las extorsiones, el gota a gota y el sicariato que ha invadido todo el país. Y, ahora, ponen en su reemplazo a una persona que no está preparada ni tiene expertise en la materia”, añadió.

Infobae Perú también conversó con el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la Policía Nacional y exsecretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), quien coincidió con ambos exministros que el plan Boluarte solo fue una “falacia” y calificó los estados de emergencia como “un completo fracaso”.

“Los planes (para enfrentrar la inseguridad ciudadana) se hacían cada año. Pero se cambia el reglamento y quien pasa a presidir el Conasec es el titular de la PCM. Las reuniones que antes eran mensuales en Palacio de Gobierno se restringieron a cuatro veces al año. Este 2023, solo se han hecho dos”, detalló Pérez Rocha, quien pidió el retorno de la Ley n.° 27933, porque “le haría mucho bien” a la lucha contra la criminalidad.

En otro momento, el coronel señaló: “Se supone que a Vicente Romero lo censuraron por ser ineficaz en la lucha contra la delincuencia y por los estados de emergencia fallidos, que eran un engaño, un completo fracaso. Han nombrado a este nuevo ministro, y lo que importa es el equipo con el que se trabaja. El ministro Torres, hasta el momento, no ha hecho cambios de importancia. Entonces, ¿cómo se quiere mejorar y combatir la delincuencia? Es más de lo mismo”.

Ninguno de los tres expertos consultados ve con esperanza que esta preocupante situación, en la que la delicuencia campea a nivel nacional, vaya a revertirse con este gobierno. “No vemos cómo”, sentenciaron.