La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este viernes la decisión del Tribunal Constitucional de disponer la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumplía una condena de 25 años de prisión en el penal de Barbadillo por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, el último miércoles 6 de diciembre.
En un comunicado público, la CIDH cuestionó que la excarcelación de Fujimori se realizó “contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Esta última parte hace referencia a la exhortación emitida en marzo del año pasado al entonces gobierno de Pedro Castillo.
“En 2022, la Corte IDH ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplieron las condiciones determinadas en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta”, se indica en el pronunciamiento.
Además, la comisión adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) recordó que la Corte IDH realizó un nuevo pedido en la noche del último lunes al Estado peruano para que se abstenga de liberar a Fujimori e informe alcances de la supervisión de la condena establecida para el exdictador.
Por ello, reiteró que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como en el caso de Fujimori, “puede generar una forma grave de impunidad”.
Critican al gobierno de Dina Boluarte
En el comunicado también se realiza un cuestionamiento al gobierno de Dina Boluarte al recordarle que “el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH”.
“Por ello, está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales”, agregan.
Además, la CIDH enfatizó que el Estado peruano está en la obligación de “realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH, su intérprete última”.
“Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad”, finalizan.
Rechazo internacional
De esta manera, la CIDH se suma al rechazo internacional que ha provocado la liberación de Fujimori. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ya se había pronunciado al sostener que el Perú se había instalado un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
“Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas. La decisión [lo] coloca junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas del organismo.
En esa misma línea es que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que representa a los deudos de La Cantuta y Barrios Altos —los casos por los que el autócrata fue condenado en 2009—, dijo a EFE que aguarda la activación de “mecanismos jurídico-políticos” para que la Corte IDH informe del “desacato” a la Organización de Estados Americanos.
Pedirán audiencia
Los deudos de Barrios Altos y La Cantuta ya han anunciado medidas urgentes. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), solicitará una audiencia extraordinaria ante la Corte IDH para se analice la actuación del Estado peruano al aceptar el fallo del TC.
“No cabe duda de que las angustias de un gobierno presionado por el Congreso lo ha hecho cruzar una frontera que no pensamos que iba a cruzar: la de los países que no cumplen las órdenes de las Cortes internacionales”, dijo el penalista a Epicentro TV.
Por su parte, la abogada Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, enfatizó que nunca se han opuesto a la gracia para Fujimori, siempre y cuando se cumpla los parámetros de la Corte, como el reconocimiento de la responsabilidad, pedir disculpas a los deudos y cumplir con la reparación civil.
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