En el marco del desarrollo de la jornada de protestas anunciadas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamado al gobierno de la presidenta para que “garantice el derecho a la protesta” durante las manifestaciones convocadas para este 7, 8, y 9 de diciembre en país. Mediante un comunicado emitido este 7 de diciembre, el organismo internacional no solo mostró estar atento al desarrollo de las marchas en el país, sino también ha manifestado su preocupación ante los reportes de abusos.
El pronunciamiento de la CIDH llega en un momento de especial tensión en Perú, donde se han registrado múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones que piden cambios en el sistema político y rechazan a la actual administración. Todo ello enmarcado en un periodo en el que, incluso, hace menos de un día, el Perú decidió desacatar una orden de la Corte IDH respecto a la sentencia del exdictador, Alberto Fujimori.
Como se sabe, como consecuencia de las protestas realizadas el último año, se registró un total de 49 asesinatos directos de diferentes peruanos en regiones como Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno, y otras regiones.
Las investigaciones posteriores sobre cada uno de los casos, detallaron que, en su mayoría, las muertes habían sido perpetradas por fusiles de manejo militar y policial.
Responde a intentos del Ejecutivo de criminalizar la protestas
Es a raíz de estas denuncias y ante la falta de respuesta del Ejecutivo respecto a la responsabilidad de las muertes, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido mostrar especial interés a la manera en que se han gestionado los eventos post-conflicto, incluidas las últimas acciones adoptadas por Boluarte Zegarra. Ello incluye la reciente aprobación del cuestionado decreto N° 1589, el cual agrava las penas vinculadas a la protesta social, como lo son el bloqueo de carreteras o el delito de disturbios.
En ese sentido, la CIDH ha remarcado que el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos, resaltando la importancia de proteger el derecho a la protesta pacífica. La Comisión ha enfatizado que cualquier actuación de las fuerzas del orden debe ser realizada bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En este sentido, llama a las autoridades a establecer mecanismos efectivos para registrar y difundir los incidentes, y para que haya un seguimiento que asegure la rendición de cuentas en casos de abuso.
Así lo dicta en el pronunciamiento, en el que le recuerda al estado “la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacifica, a registrar y difundir incidentes y a que el actuar de las fuerzas públicas se rija por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
Se esperan protestas para el 7, 8 y 9 de diciembre
Mientras tanto, desde el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte afirmó en un discurso el último 6 de diciembre lo mismo que venía señalando durante toda su gestión, pero que no se ha visto reflejado ante las diferentes marchas anunciadas; que su gobierno actuaba en respecto irrestricto de los derechos humanos. Ese mismo día por la tarde, señalaba que su gestión desacataría la sentencia emitida por la Corte IDH en el 2007 y ratificada en el 2018, al liberar a un preso por la comisión de delitos de lesa humanidad.
Las protestas en contra de Boluarte Zegarra han sido registradas, hasta la fecha, en regiones como Arequipa, Huancayo y Cusco. Se espera el inicio de una marcha en la capital, la cual dará inicio a partir de las 4:00 p.m. y se espera que se mantenga durante los próximos dos días, el 8 y 9 de diciembre.