HRW: Con la liberación de Alberto Fujimori, Perú se iguala a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) invocó este miércoles a la comunidad internacional fijar sus ojos en el Perú por incumplir una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y permitir la excarcelación de Alberto Fujimori, una situación que, bajo su óptica, ha instalado en el país un escenario similar a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.

En un pronunciamiento divulgado minutos después de que el exdictador dejara la prisión de Barbadillo, HRW indicó que la puesta en libertad implica un “grave desconocimiento de las obligaciones internacionales” y “es una bofetada a las víctimas de atrocidades” del régimen fujimorista.

“Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas. La decisión [lo] coloca junto a Nicaragua y Venezuela como países que contravienen el sistema interamericano de derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana”, señaló la abogada y politóloga colombiana.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones que representa a los deudos de La Cantuta y Barrios Altos —los casos por los que el autócrata fue condenado en 2009—, dijo a EFE que aguarda la activación de “mecanismos jurídico-políticos” para que la Corte IDH informe del “desacato” a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó el martes la libertad inmediata de Fujimori, en restitución del indulto que le otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski la Nochebuena de 2017, una gracia que sería anulada por la Corte Suprema de Justicia en 2018, para luego ser restituida en marzo del 2022 por el TC, aunque entonces la Corte IDH invocó al Perú que “se abstenga” de ejecutarla hasta revisar el recurso de las víctimas.

Por la tarde —reunida con el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y ministro de Justicia, Eduardo Arana—, la presidenta Dina Boluarte decidió acatar el fallo del supremo intérprete de la Constitución, pese a que el octogenario no ha pedido disculpas ni ha reparado a los familiares de las víctimas.

El pronunciamiento oficial del Ejecutivo llegó por la noche, cuando Fujimori ya se encontraba en su casa. Arana y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea —quien había defendido en el pasado que el Perú se retirara del tratado— dieron la cara mediante un pronunciamiento emitido por TV Perú.

“Es obligación [...] cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, replicó el titular de Justicia, mientras que el canciller añadió que la decisión “de ningún modo desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano”.

“Nos estamos colocando en una posición de rebeldía y de desconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, al cual estamos sometidos por un mandato expreso y explícito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Consecuentemente, es un hecho que termina de expresar un gravísimo desmejoramiento de las condiciones de respeto del Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país”, declaró en Canal N.

El nuevo capítulo sobre Fujimori, quien según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar ―y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas―, vuelve a partir el dos un país hundido en crisis política, aunque también puede sentar un precedente.

Aunque la Corte IDH puede formular a la OEA las recomendaciones que estime pertinente, el año pasado declaró en desacato a Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del régimen de Daniel Ortega.

En su jurisprudencia, la Corte IDH también ha establecido que, en lo que respecta a la implementación de sus sentencias, el órgano judicial de un determinado país “tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normativa interna”.

Los deudos de Barrios Altos y La Cantuta ya han anunciado medidas urgentes. Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), solicitará una audiencia extraordinaria ante la Corte IDH para se analice la actuación del Estado peruano al aceptar el fallo del TC.

“No cabe duda de que las angustias de un gobierno presionado por el Congreso lo ha hecho cruzar una frontera que no pensamos que iba a cruzar: la de los países que no cumplen las órdenes de las Cortes internacionales”, dijo el penalista a Epicentro TV.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, enfatizó que nunca se han opuesto a la gracia para Fujimori, siempre y cuando se cumpla los parámetros de la Corte, como el reconocimiento de la responsabilidad, pedir disculpas a los deudos y cumplir con la reparación civil.