En el departamento de Puno, luego que la disputa por la extracción ilegal de oro causó la muerte de una persona, seis heridos y desaparecidos en los primeros días del último mes del año, este martes, 400 personas viajaron hasta la capital de la región surandina para manifestarse y exigir la atención de las autoridades del Gobierno Regional.
Los ciudadanos demandan se atienda, con carácter de urgencia, las tensiones que viene generando la minería informal en el límite de los distritos de Coasa y Limbani, especialmente desde fines de noviembre.
Según el Comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, el conflicto por el dominio de territorios ricos en mineral en la zona, que comprende el sector Chiwi, ha acarreado consecuencias trágicas, incluyendo el fallecimiento de Luis Fernando García Pacco, un joven de apenas 25 años.
Pese al temor de represalias en la zona de conflicto territorial, sus familiares claman justicia y demandan la entrega inmediata de sus restos para proporcionarle sepultura digna. Pues, a la fecha, su cuerpo continuaría en el punto donde perdió la vida.
Prohíben actividad minera en la zona de conflicto
En el marco del conflicto, de acuerdo al medio local Pachamama Radio, las autoridades de Puno han anunciado medidas para promover el diálogo en el sector Chiwi. La principal medida establecida es la creación de una caseta policial en el distrito de Coasa, perteneciente a la provincia de Carabaya, con el fin de mantener la seguridad de los residentes.
Asimismo, se han organizado diligencias para el rescate del joven de 25 años fallecido e impuesto la prohibición completa de la actividad minera en el área. Esta medida restrictiva se mantendrá vigente hasta que se solucione el conflicto limítrofe entre Coasa y Limbani. La decisión busca evitar la escalada de tensiones y los daños ambientales asociados con las prácticas mineras no reguladas.
También, se determinó que el próximo 22 de diciembre se llevará a cabo una mesa técnica que unirá esfuerzos entre las autoridades de ambas localidades y la subgerencia de Demarcación Territorial del Gobierno Regional de Puno, con el propósito de fomentar el entendimiento mutuo y encontrar una solución viable a la disputa.
En esa línea, Enrique Felipe Monroy, jefe de la Décima Macro Región Policial de Puno, informó que ya están implementando las medidas para evitar futuros enfrentamientos en el área.
¿Qué ha dicho Defensoría del Pueblo?
En una reciente reunión con la Defensoría del Pueblo, el jefe de la Macrorregión Policial Puno, los alcaldes de los distritos de Sandía y San Juan del Oro (provincia de Sandía), rondas campesinas y representantes de la sociedad civil para abordar la problemática de la violencia en la zona.
En el encuentro sostenido, los ciudadanos manifestaron que existe un notable aumento en los índices de robos, hurtos y asaltos. Como solución, las rondas campesinas solicitaron mejor coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
Además, se propuso la implementación de un puesto de auxilio rápido y cambio de personal policial cada tres meses para optimizar las labores de inteligencia y patrullaje.
La cita también contó con la presencia de Jacinto Ticona, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, y el general PNP Felipe Monroy, jefe de la X MACREPOL Puno.
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