Magistrados del TC denuncian que liberación de Alberto Fujimori no les fue consultada

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de liberar al expresidente Alberto Fujimori ha generado una serie de críticas en diversos niveles, en los que se cuestiona desde su ejecución hasta los motivos de la excarcelación. En las últimas horas, una serie de denuncias de los mismos integrantes del TC han puesto en duda la legalidad de la disposición en favor del exmandatario sentenciado por delitos de lesa humanidad.

Cuando se emitió la resolución del Tribunal Constitucional el último martes 05 de diciembre, llamó la atención que una decisión tan crucial como la de la liberación de un expresidente con una sentencia de un organismo supranacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea definida por solo cuatro de sus miembros. Estos fueron Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez.

Los cuestionamientos hacia el hecho se hicieron más tangibles luego de que se supiera que dos de los tres magistrados restantes denunciaran no haber sido consultados por esta decisión. Se trata de los miembros del TC Manuel Monteagudo y César Ochoa; quienes aseveraron en diferentes medios que ni siquiera se había anunciado que un tema como el de la liberación del expresidente fujimorista se encontraba en la agenda del Tribunal Constitucional.

El primero en anunciar su sorpresa por el fallo intempestivo del TC fue Manuel Monteagudo, quien en una entrevista para el medio La República aseveró que a él nunca llegó la notificación de que se tomarían una decisión respecto al caso.

“A mí me resulta tremendamente sorprendente, me siento profundamente triste por un procedimiento que no hemos sido informados a los miembros del Tribunal al momento de tomar esa decisión. Se ve en la resolución que he conocido hace poco que se pretende justificar el rechazo del juez, son ellos mismos los que deciden, dicho sea de paso no son cuatro magistrados sino tres. Creo que una decisión que desconoce resoluciones de la Corte Interamericana tenía que ser materia del pleno del TC”, declaró en dicho medio.

Los cuestionamientos se hicieron más palpables luego de que, en una entrevista para el medio digital Epicentro TV, el magistrado César Ochoa, señalara que Francisco Morales, presidente del pleno, no había convocado a la audiencia del caso; y que, incluso, “se enteró de la decisión por los medios”.

Las consecuencias por que una decisión tan polémica se haya dado con tanta falta de claridad ya empiezan a pasar factura. Según lo reportado, en un inicio existieron problemas en la tramitación de dicho documento, pues el INPE no contó con la cantidad de tres firmas frente a las 6 esperadas; lo que generó una demora al momento de procesar el fallo.

En respuesta a estos cuestionamiento, el magistrado Gutiérrez Ticse afirmó que, puesto que no se trataba de una sentencia, no era necesaria la presencia de todo el pleno; sino solamente de todos aquellos jueces que habían votado a favor. La decisión final estuvo compuesta por dos partes, tres votos a favor y un voto singular de Domínguez Haro, quien planteó que el requerimiento sea devuelto a Ica.

Por la manera en que los hechos se han desarrollado, la congresista Ruth Luque ha anunciado que emprenderá una denuncia constitucional en contra de los tres magistrados que resolvieron la liberación el expresidente.