Después de un prolongado silencio, la administración Dina Boluarte acató este miércoles la disposición del Tribunal Constitucional (TC) de excarcelar a Alberto Fujimori (1990-2000), aun cuando horas antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) volvió a requerir al Estado peruano que frene la liberación para garantizar justicia a los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos que llevaron a las rejas al exdictador.
La decisión del Ejecutivo —que deja al Perú como un paria en la región, bajo la óptica del expresidente de la Corte IDH, Diego García Sayán— implica la tercera salida de Fujimori del penal de Barbadillo, ubicado en el interior de un cuartel policial Ate, donde se encuentran también los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
El supremo intérprete de la Constitución ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori, en restitución del indulto que le otorgó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski la Nochebuena de 2017, una gracia que sería anulada por la Corte Suprema de Justicia en 2018, para luego ser restituida en marzo del 2022 por el TC, aunque entonces la Corte IDH invocó al Perú que “se abstenga” de ejecutarla hasta revisar el recurso de las víctimas.
Además de un desacato abierto a este tribunal regional, se trata de un radical cambio en la postura de Boluarte, quien ha condenado el decenio “corrupto” de Fujimori (1990-2000) y ha deslizado respaldo a la causa de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión.
“Anhelamos una justicia que no permita casos de impunidad, cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas. Luchamos por un país donde se respeten los derechos humanos y se cumplan los mandatos de los organismos internacionales que velan por esos derechos”, anotó en 2022, cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo y el TC restableció los efectos del indulto a Fujimori.
Un año antes, durante el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones generales de 2021, la entonces candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Perú Libre hizo hincapié en las irregularidades y violaciones cometidas durante el régimen fujimorista.
“Nosotros tenemos las manos limpias. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, Keiko Fujimori. Nuestras manos no serán la mano dura”, dijo entonces, en clara alusión a la denuncia que realizó Susana Higuchi, exesposa de Fujimori, sobre torturas a las que fue sometida por los servicios de seguridad.
La excarcelación del autócrata también colisiona con la posición que, en 2022, tenía el ahora jefe de Gabinete, Alberto Otárola, quien anotó que el “fallo del TC sobre [reponer el indulto a] Fujimori quiebra [la] memoria histórica y [los] estándares internacionales sobre indulto humanitario”.
“Pero —salvo medida cautelar urgente de la CIDH— es vinculante y se tiene que ejecutar. Eso diferencia a la democracia de la dictadura”, anotó en un trino que fue revivido esta jornada, después de que se hiciera pública la reunión que sostuvo junto con Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para evaluar la posición del Estado sobre la liberación del octogenario.
En octubre pasado, durante una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Washington, Otárola había ratificado el compromiso de Perú con la institucionalidad democrática y la “plena disposición” del Gobierno para continuar colaborando con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
“El Perú siempre ha sido un actor protagónico en los trabajos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y colabora con los órganos del SIDH, conformado por la CIDH y la Corte IDH, siendo uno de los Estados con mayor participación en estos órganos”, señaló en su alocución.
Por su parte, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boluarte remarcó que “el Perú es respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional”. Sin embargo, la salida de prisión de Fujimori atropella la disposición de la Corte IDH y puede significar un “daño irreparable a los derechos de acceso a la justicia de los familiares”.
Para Carlos Rivera, abogado de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, el Perú acaba de colocarse “en la lista de los Estados que manifiestamente han decidido incumplir una sentencia de un tribunal constitucional” y ha sentado un “punto de quiebre” en su relación el Sistema Interamericano.
“Nos estamos colocando en una posición de rebeldía y de desconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, al cual estamos sometidos por un mandato expreso y explícito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Consecuentemente, es un hecho que termina de expresar un gravísimo desmejoramiento de las condiciones de respeto del Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país”, declaró en Canal N.
El nuevo capítulo sobre Fujimori, quien según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar ―y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas―, vuelve a partir el dos un país hundido en crisis política, con una jefa de Estado denunciada por las muertes en protestas y con una fiscal de la Nación acusada de liderar una red criminal de tráfico de influencias.
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