Organizaciones reafirman marchas para el jueves 7 pese a decreto del Ejecutivo que amenaza derecho a protestar

Organizaciones sindicales, asociaciones civiles, grupos universitarios y movimientos feministas han ratificado su participación en la marcha nacional fijada para el próximo 7 de diciembre, y rechazan las recientes medidas del gobierno que endurecen las sanciones frente a actos de disturbio en manifestaciones públicas.

El decreto legislativo 1589, publicado este lunes 4 de diciembre, firmado por la presidenta Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola, establece incrementos de penas carcelarias en delitos de disturbios en movilizaciones, con penas que alcanzan los 15 años si se interfiere en el tráfico de vías terrestres y por entorpecimiento de servicios públicos, con penas de hasta 10 años.

El mencionado decreto legislativo ha sido señalado por juristas y activistas como un posible factor que podría incrementar la criminalización de la protesta en el país. La aprobación del DL 1589 representa para muchos un acto de represión a las libertades civiles, al poder influir directamente en las personas que decidan ejercer su derecho a la manifestación pacífica y protesta, vistas como garantías consagradas en la Constitución.

Según las expresiones de quienes rechazan el decreto: “En un nuevo acto autoritario (que se haya aprobado el DL N° 1589), podría impactar directamente en la criminalización de la protesta y restringir participación ciudadana”.

El Comando Unitario de Lucha de Junín ha anunciado que este jueves continuará con las protestas programadas a pesar de la reciente declaración del Gobierno, que aumenta la penalización a 15 años de prisión para quienes bloqueen vías.

Raúl Ariste Cárdenas, coordinador de la organización, dijo al medio Huanca York Times que estas acciones del Ejecutivo forman parte de lo que denomina una “dictadura” y no detendrán las exigencias de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones generales.

Ariste Cárdenas atribuye la medida gubernamental a un estado de desesperación frente a recientes revelaciones de corrupción que involucran a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y acusa al fujimorismo y la coalición gobernante de intentar controlar organismos clave como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para influir en la dirección de procesos electorales futuros. Las organizaciones sociales de Huancayo planean sumarse a las protestas nacionales este jueves para impulsar un cambio político.

Representantes del movimiento como la joven dirigente Camila López han calificado las nuevas medidas legislativas del Gobierno como “opresoras” pero subrayan que no conseguirán debilitar la voluntad de protesta de la población. López invita a la ciudadanía a intensificar su participación en las movilizaciones en busca de un “nuevo sistema, justicia y reivindicación”, insistiendo en el derecho de protestar y apuntando hacia la construcción de un sistema distinto al actual.

La relación de algunos movimientos sociales, bases sindicales y agrupaciones universitarias que participarán de la marcha nacional contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación.

• Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL)
• Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
• Central Unitaria Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc)
• Organización feminista Manuela Ramos
• Frente de Egresados y Egresadas de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM).
• Colectivo LGTBIQ Orgullo Es Democracia
• Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP)
• Construcción Civil FTCCP - Huánuco, Cajamarca, Ica y Sur Chico Lima
• Partido político Nuevo Perú