Al término de la sesión del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Eduardo Arana, anunció este 4 de diciembre una propuesta de reunión con defensores de los derechos humanos y medioambientales para coordinar medidas de protección. La declaración surge tras el asesinato del líder indígena Quinto Inuma, a quien le había sido otorgadas medidas de protección por el Minjus desde 2021, pero las cuales fueron ineficaces. Inuma fue víctima de ataques continuos por parte de madereros ilegales.
En respuesta al crimen contra Inuma, Arana indicó que el Ministerio de Justicia ha movilizado al Ministerio del Interior y a los viceministros respectivos para tomar acciones de protección y realizar intervenciones policiales con el objetivo de “identificar a los responsables criminales de este hecho”. La muerte de Inuma ha resaltado la amenaza contra los activistas medioambientales y ha puesto en evidencia la necesidad de implementar efectivamente las medidas de protección asignadas.
En un esfuerzo por buscar justicia por el asesinato de cuatro líderes indígenas en Saweto, el ministro Eduardo Arana, junto con las ministras Albina Ruiz, del Ministerio del Ambiente, y Leslie Urteaga, del Ministerio de Cultura, mantuvieron un encuentro con las viudas y representantes de Aidesep. La reunión, que se realizó recientemente, incluyó la participación de la congresista Ruth Luque y una representante de la Defensoría del Pueblo, con el fin de coordinar acciones para la protección de líderes indígenas.
El trágico acontecimiento que conmocionó a la comunidad de Saweto destacó la necesidad de fortalecer la seguridad y justicia en las comunidades originarias. Así, el diálogo interinstitucional se centró en establecer mecanismos efectivos para asegurar de manera proactiva la seguridad de los líderes y activistas indígenas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Sin garantías estatales
En la Conferencia de las Partes (COP28), líderes indígenas de Perú alzaron su voz en demanda de justicia y protección tras el asesinato de Quinto Inuma y de 27 defensores de la Amazonía en la última década, informa el medio Ojo Público. Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, expresó la frustración ante la ineficacia de las garantías estatales: “Es una muerte anunciada”.
El pedido de los representantes indígenas se enmarca en la necesidad de alinear las políticas del Estado peruano con los compromisos ambientales asumidos internacionalmente. Subrayan la contradicción entre la promesa de frenar la deforestación, acordada con Noruega en la COP27, y los intentos legislativos que proponen modificar la Ley Forestal amenazando territorios ancestrales con actividades agrícolas. Las comunidades reclaman el respeto por los compromisos de mitigación de la deforestación, tal como enfatizó Wilfredo Tsamash, presidente de Codepisam.
Medidas de protección por Amnistía Internacional
A pesar de la existencia desde hace dos años del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Perú, se critica la falta de acción y recursos asignados por el Estado para su implementación efectiva. Tras el crimen de Inuma, los ministerios miembros del mecanismo han expresado su voluntad de trabajar conjuntamente, pero la realidad muestra carencias en la protección de los defensores ambientales, como evidencian los conflictos judiciales sin resolución en casos anteriores.
La demanda actual incluye la declaración de emergencia para la Amazonía, el establecimiento de medidas de emergencia, atención y reacción ante amenazas, seguridad territorial e implementación de planes de seguridad, un compromiso firme para terminar con la impunidad y revisiones de políticas estatales y climáticas.
Asimismo, se requiere aumentar las capacidades y el presupuesto del mecanismo, participación activa de las organizaciones indígenas y reestructuración de las políticas contra actividades ilegales que consideren la perspectiva de los pueblos originarios y cumplan con las obligaciones estipuladas en el Convenio 169-OIT.
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