Informalidad laboral llega a 4 millones de personas: trabajan en empresas formales, pero sin beneficios

Durante el presente año, se ha logrado la incorporación de 316 mil 519 trabajadores a la planilla electrónica debido a las acciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), lo que marca un avance significativo en el cumplimiento de la meta establecida para el cierre de, 2023, que asciende a 340 mil registros.

El proceso para alcanzar dicho objetivo ha estado marcado por un conjunto de medidas enfocadas en asegurar la correcta inscripción de los empleados en el sistema. Así lo dio a conocer Freddy Solano, titular de la entidad, en una entrevista para el diario Gestión. De acuerdo a lo indicado, estas cifras reflejan el impacto de las políticas de control del mercado laboral, así como la importancia de garantizar la formalización.

El funcionario dio a conocer que, en Perú, aproximadamente 4 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad pese a estar empleadas en los 7 millones de empresas que existen en el país. Este fenómeno, conocido como la “informalidad dentro de la formalidad”, alcanza casi el 67% del total de la población económicamente activa, según datos revelados por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2022. Estos empleados no están registrados correctamente, carecen de beneficios laborales y no operan bajo las condiciones que dictamina la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Aparte del comercio y la construcción, está la agricultura. Es donde está concentrado el empleo informal. Las regiones donde se tiene mayor incidencia son Lima Metropolitana, Piura, La Libertad y Puno. El régimen agrario es el más explotado a lo largo de las décadas en Perú. Por eso se sufren impasses con la recesión”, aseguró.

La informalidad laboral tiene implicancias significativas tanto para la economía como para el bienestar de los trabajadores. Al no estar en planilla, los empleados se ven privados de seguridad social, indemnizaciones por tiempo de servicios, acceso a créditos y otros derechos que están establecidos por ley para la protección de los trabajadores y sus familias. Además, el Estado pierde importantes ingresos fiscales producto de la evasión de contribuciones que proceden de un trabajo formal.

La falta de conocimiento y reticencia de algunos trabajadores frente al reconocimiento de sus beneficios crea una zona de informalidad en el ámbito laboral. Diversas situaciones reflejan esta problemática, desde empleadores que desconocen cómo implementar las garantías laborales hasta empleados que prefieren no formalizar sus beneficios para evitar deducciones.

“Los empleadores pueden solicitarnos capacitaciones para conocer los derechos laborales de sus empleados. Muchas veces también los trabajadores no quieren que el empleador les reconozca sus derechos. En algunos casos se les hacen descuentos por Impuesto a la Renta (IR) desde determinado margen y aquellos para el sistema pensionario. El trabajador busca recibir un sueldo líquido y ahí es donde nace esa informalidad. Hace falta consciencia sobre su importancia para una jubilación adecuada”, precisó para Gestión.

Esta lucha entre el deseo de recibir un salario sin deducciones versus la necesidad de tener una protección a largo plazo está en el corazón del dilema de la informalidad laboral. En última instancia, la formalidad laboral favorece no solo a los empleados sino también a las organizaciones, asegurando una relación de trabajo sustentable y legalmente protegida.

Finalmente, destacó que otro de los retos a los que se enfrentan es la falta de presupuesto. “No solo tenemos carencias operativas. Nos falta infraestructura. Sunafil no tiene un inmueble propio a pesar de haber nacido hace 10 años. También necesitamos renovar nuestra flota vehicular. Hay zonas geográficas de difícil acceso y no podemos exponer a nuestros inspectores”, lamentó.