Alberto Fujimori y la cronología de su nuevo indulto: el camino que lo llevó a su polémica liberación

Alberto Fujimori dejó la noche del miércoles 6 de diciembre su celda del penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, al este de Lima, donde purgaba condena por los numerosos asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. El Tribunal Constitucional (TC) ordenó en la víspera -en evidente oposición a la Corte IDH- que se restablezca la ejecución del indulto, otorgado en diciembre de 2017 (a horas de la celebración de Nochebuena), por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Luego de casi seis años de proceso, con idas y venidas de las partes involucradas, y con un amago de excarcelación en 2022, el máximo organismo intérprete de la Constitución Política del Perú resolvió la tarde del martes 5 de diciembre que el padre de Keiko Fujimori, de 85 años de edad, recobre su libertad por ‘motivos humanitarios’, tal como lo adujo -en su momento- el gobierno de PPK.

Este nuevo capítulo empezó a fines del mes de noviembre de este año. Entre el lunes 27 y martes 28 de ese mes, los magistrados del TC, incluido Francisco Morales Saravia (presidente del organismo), firmaron digitalmente el documento de auto de aclaración que abría la puerta para restablecer el indulto. Tras esto, la posibilidad de excarcelación del sentenciado expresidente quedó en manos de un juzgado de Ica. La noticia acaparó portadas y noticieros y desvió la atención de la prensa del espinoso caso en contra de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, acusada de ser líder de una supuesta organización criminal.

“El propio TC nos dice que tiene que continuarse con la causa como está, es decir, remítase al juzgado de origen para que se proceda con la inmediata ejecución. Se está dando viabilidad al indulto pedido del expresidente, el cual debe darse en el más breve plazo”, dijo Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, luego de hacerse público el documento judicial, la tarde del miércoles 29 de noviembre.

La noticia provocó, como en años anteriores, gran controversia entre la clase política peruana, fujimoristas, detractores del sentenciado exmandatario, familiares de las víctimas de Barrios y La Cantuta, analistas, politólogos y todo aquel personaje vinculado al tema.

En medio de la polémica, ese mismo miércoles 29 de noviembre, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien declaró en representación del gobierno de Dina Boluarte, recordó que sigue vigente la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la misma que frustó en marzo de 2022 un nuevo intento de la defensa legal de Fujimori para que se le indulte.

La Corte IDH resolvió, en su momento, que “el Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto concedido a Alberto Fujimori Fujimori”.

A la controversia se sumó Carlos Rivera, abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, tras asegurar que el TC no estaba disponiendo la libertad del expresidente.

“Lo que ha emitido el Tribunal Constitucional no es una sentencia, es un autoaclaratorio ante dos pedidos de aclaración sobre la sentencia del 17 de marzo del año pasado. En ambos casos, el TC declara improcedente lo solicitado”, afirmó Rivera.

Respaldando su decisión en el Nuevo Código Procesal Constitucional, y con la presión mediática encima, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, declaró improcedente la liberación de Alberto Fujimori y regresó todos los actuados al TC, con el fin que sea este organismo el que decida el futuro del sentenciado expresidente.

“En consecuencia, por mandato legal, corresponde al Tribunal Constitucional, mas no así al juzgado donde se originó la demanda de habeas corpus, según corresponda, emitir pronunciamiento sobre la ejecución de la sentencia estimatoria”, escribió en su resolución el magistrado.

El habeas corpus en mención es uno que fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón, entonces abogado de Fujimori, contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el indulto humanitario, ante el pedido de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos.

El día después de conocerse de la negativa al indulto, diversos legisladores fujimoristas y personajes vinculados a Fuerza Popular se mostraron muy críticos contra el juez Fernández Tapia y exigieron al TC “hacer respetar su fallo”.

“El juez de primera instancia de Ica estaba dentro de sus facultades autorizar la excarcelación y hoy nuevamente estamos viendo que se está dejando sin efecto una orden estrictamente del Tribunal Constitucional”, reprochó el congresista Héctor Ventura, quien luego aparecería de fondo en la foto del momento en que Fujimori pone un pie fuera de la cárcel.

A su vez, la parlamentaria Martha Moyano lamentó que el magistrado de Ica no haya ejecutado la sentencia en favor de Alberto Fujimori.

“Es una irresponsabilidad, incluso esperar tanto tiempo para decir que no le corresponde. El TC debería reafirmarse en su decisión y ordenar la libertad del expresidente”, señaló.

El martes de 5 de diciembre, el TC declaró fundado el recurso y falló en favor del expresidente Fujimori. En su resolución, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo que “en el día” se disponga la inmediata excarcelación “bajo responsabilidad”.

Entre los argumentos el organismo remarcó que el pronunciamiento de la Corte IDH “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que existiría una “falta de competencia” dicho tribunal internacional.

Poco antes de la 7 de la noche, con un balón de oxígeno, una mascarilla y a paso lento, Alberto Fujimori dejó el penal de Barbadillo, donde estuvo recluido los últimos años de su vida, cuando no se descompensaba e internaba en la Clínica Centenario.

Los primeros rostros en ver fueron los de sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, quienes estaban acompañados de Erika Muñoz (su cuñada) y del congresista Hector Ventura. Subió a una lujosa camioneta con destino a la casa de la excandidata presidencial, en San Borja.

No obstante, la historia del indulto no empezó en noviembre de este año ni en diciembre de 2017, durante el entonces gobierno de PPK y con la supuesta participación de Kenji en un entramado presuntamente ilegal, sino que inició más atrás: en noviembre de 2012, cuando la familia del sentenciado exmandatario lo pidió por primera vez, aduciendo que este padecía un “cáncer de lengua en fase terminal”.

Alberto Fujimori pasó su primera noche en libertada en la casa de su hija Keiko Fujimori en San Borja. Alrededor de las 7:20 de la mañana la lideresa de Fuerza Popular salió de su casa a llevar a una de sus hijas al colegio e indicó que su padre durmió en la habitación de su nieta