Alberto Fujimori (1990-2000), el exdictador que acaba de obtener su libertad por el Tribunal Constitucional, escuchó varias sentencias a lo largo de sus 85 años, pero la de 2009 fue la más contundente y quedó en la historia de Latinoamérica. Entonces, por primera vez, se dictó una condena a un expresidente por crímenes contra los derechos humanos.
La Justicia peruana lo halló como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, después de dar un golpe de Estado, en abril de 1992, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, pasaba sus días en el penal de Barbadillo, donde cultivó flores y pintó cuadros al óleo, y de donde salió en algunas ocasiones por problemas cardíacos, fibrosis pulmonar, gastritis, lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia —consideradas precancerígenas— y una “frecuencia cardíaca irregular”.
En mayo pasado fue la última ocasión en la que Alberto Fujimori fue hospitalizado en una clínica en Lima. Ingeniero y matemático, hijo de inmigrantes japoneses, había devenido en un octogenario de apariencia endeble.
Pero catorce años atrás, vestía un traje negro y una corbata oscura frente al tribunal que lo iba a condenar por las dos masacres a manos del grupo Colina, formado por militares encubiertos en su régimen. La de Barrios Altos ocurrió el 3 de noviembre de 1991, cuando seis individuos encapuchados y armados de este grupo irrumpieron una vivienda en 840 del Jirón Huanta, donde se estaba realizando una pollada.
Se presumía que las personas en la casa tenían vínculos con actividades terroristas, por lo que les ordenaron tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años —Javier Ríos Rojas—, y otras 4 quedaron gravemente heridas.
La masacre de La Cantuta tuvo lugar meses después, el 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle. Nueve estudiantes y un profesor fueron sacados de sus residencias y luego desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.
Ambos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos fueron incluidos en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el apartado referido a los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante el combate al terrorismo en el país entre 1980 y 2000, un flagelo que dejó 69.000 muertos en ese periodo.
Frustrado indulto de PPK
En 2017, Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto a Alberto Fujimori, pero volvió a prisión al año siguiente, cuando la Corte Suprema anuló el polémico beneficio en obediencia a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteI DH), que invalidaba amnistías para condenados por delitos de lesa humanidad.
En marzo del 2022, el órgano judicial exigió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar liberación del exdictador, también condenado por usurpación de funciones (seis años), peculado (siete años y seis meses), pagos ilegales a congresistas y la compra de líneas editoriales de medios de comunicación (seis años) y el caso de los diarios Chicha (ocho años).
Las sentencias condenatorias fueron emitidas por el Poder Judicial, tras ser extraditado por el Gobierno de Chile el 22 de setiembre del 2007. En detalle, los delitos fueron los siguientes:
♦ Usurpación de funciones. En diciembre del 2007, la Sala Penal determinó que Alberto Fujimori ordenó a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos. Fue condenado a seis años de prisión, sentencia que incluye el robo de varios ‘vladivideos’. También fue impuesta una reparación civil de 400 mil soles.
♦ Peculado y falsedad ideológica. Fujimori reconoció la entrega de 15 millones de dólares del Estado peruano a Vladimiro Montesinos, su jefe de los servicios de inteligencia. La Sala le impuso, en 2009, siete años y seis meses de cárcel, así como una reparación civil de 3 millones de soles.
♦ Delitos de corrupción y espionaje. Ese mismo año recibió su cuarta sentencia de seis años por el espionaje telefónico a periodistas y políticos, el pago a congresistas tránsfugas, y por la compra de Cable Canal de Noticias y la línea editorial del diario Expreso.
También se le encontró culpable por delitos de intervención telefónica. Fue condenó a seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a las víctimas del famoso ‘chuponeo’ de 24 millones de soles.
♦ Caso ‘Diarios chicha’. El 8 de enero del 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Fujimori a ocho años de prisión por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar un grupo de diarios con el fin de impulsar su reelección en 1995. Un año después, en agosto del 2016, la Sala Permanente de la Corte Suprema declaró su inocencia en este caso y lo absolvió de la pena de ocho años.
La orden de excarcelar a Fujimori ha desatado nuevamente los odios y pasiones en un país cuyos acólitos lo consideran inocente, pese a que lideró una década plagada de irregularidades y violencias.
Desacato a la CIDH
El juez Fernando Fernández, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, decidió no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que restablece el indulto a favor de Alberto Fujimori y ordenó la devolución del expediente al TC, máximo intérprete de la Carta Magna.
La Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, ordenó el año pasado que no se ejecute otra sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y requirió garantizar la administración de justicia para los deudos de las matanzas.
Pese a este dictamen, el TC dio luz verde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que ponga en “inmediata libertad” al exdictador, recluido por crímenes de lesa humanidad en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), por presunto lavado de activos, y Pedro Castillo (2021-2022), por el fallido autogolpe.
Con este reciente fallo, “el Estado peruano se coloca en la lista de los Estados que manifiestamente han decidido incumplir una sentencia de un tribunal constitucional” y “en una posición de rebeldía y de desconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, al cual estamos sometidos por un mandato expreso y explícito de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, remarcó Carlos Rivera, abogado de los familiares de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Para el letrado, es también un “punto de quiebre” en la relación entre Perú y el Sistema Interamericano “en una manera absolutamente negativa, porque estamos entrando a un terreno en el que el Perú deja de cumplir, como corresponde, una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte IDH”.
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