Alberto Otárola anuncia penas de hasta 15 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que quienes participen y organicen bloqueos de carreteras podrán ser castigados con hasta 15 años de cárcel, en medio de la toma de Barrio Chino y la convocatoria de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre el 7 y el 9 de diciembre.

“En estos días se va a cumplir un año del golpe de estado dado por el expresidente Pedro Castillo. Existe un intento de tomar y bloquear nuevamente la zona del Barrio Chino (Ica). Se anuncian algunas protestas, que son constitucionales, siempre que no se afecten los bienes públicos y privados”, manifestó.

“Debo comunicar que se ha publicado el Decreto Legislativo 1589, que adopta una serie de medidas, acordadas y discutidas en el Consejo de Ministros. Estamos modificando el Código Penal para garantizar la seguridad pública. Estas penas por bloqueo se han agravado hasta con 15 años de cárcel. Las penas van a ser severas y también efectivas”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, mencionó que si se violentan recursos, infraestructuras y sistemas que son “esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos”, la pena será no menor de ocho años ni mayor de 10 y con 180 a 365 días multa.

Otra de las modificaciones en el Código Penal menciona que si se atenta contra la integridad física de las personas y se causa grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de ocho años, con 180 a 365 días-multa.

Cabe mencionar que quienes colaboren con el delito de disturbios, de acuerdo con el DL 1589, también recibirán una sanción. De acuerdo al documento, “serán reprimidos con pena privativa de la libertad hasta con seis años el que de manera voluntaria realiza los siguientes actos: proveer cualquier mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio. Aportar recursos financieros o económicos para la adquisición de mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio”.

“Los peruanos requieren trabajar y transportarse y que se asegure su derecho al libre tránsito. [...] Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretender cortar, suspender o afectar los derechos de todos los peruanos”, declaró el titular de la PCM.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público “para que, a partir de la fecha, a través de este nuevo marco penal, puedan aplicar las penas y abrir las carpetas fiscales correspondientes”.

Tal como ya se ha reportado en anteriores ocasiones, la zona ubicada en la región Ica ha sido protagonista de protestas por parte de trabajadores agrarios. La noche del domingo 3 de diciembre, numerosos manifestantes tomaron parte de la Panamericana Sur, en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 263.

Aunque no se hizo una convocatoria pública como en otras oportunidades, presuntamente para no alertar a las autoridades, se congregaron unos 500 ciudadanos a través de grupos de WhatsApp, de acuerdo a dirigentes.

Durante el enfrentamiento con la Policía, la cual llegó hasta las inmediaciones para liberar la importante vía nacional, se hirió a dos pobladores. Uno de ellos recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, lo que le generó fuertes contusiones, y el otro sufrió una fractura en una de sus piernas tras recibir un perdigón. Se conoce que ambos fueron trasladados al centro de salud local, donde se recuperan.

A puertas de cumplir su primer año en el gobierno, distintos colectivos y organizaciones civiles vienen convocando una movilización en contra de la presidenta Dina Boluarte, la fiscal Patricia Benavides y congresistas de la república.

Aunque algunos la denominaron la Quinta Toma de Lima, los organizadores de la protesta aclararon que se mueve bajo la idea de “Que se vayan todos”.

Como se recuerda, la mandataria, titular del Ministerio Público y representantes de la patria cuentan con una baja aprobación de la población ante las investigaciones y fuertes acusaciones en su contra.