Una reciente publicación titulada “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborado por Capital Humano y Social en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), advierte que las economías ilegales en el país generan un movimiento de más de 6.500 millones de dólares anuales. Dentro de este conjunto, la minería ilegal destaca por su significativo flujo financiero que produce al margen de la ley.
De acuerdo a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este delito ambiental se ha consolidado como la principal fuente de lavado de activos en Perú, superando al narcotráfico.
Un hecho que se evidencia especialmente entre 2013 y 2023, cuando detectaron movimientos ilícitos por 8,216 millones de dólares provenientes de esta actividad, lo que representó un volumen mayor en comparación con los 640 millones de dólares atribuidos al comercio de drogas ilícitas en el mismo período.
La Libertad lidera producción de oro, atrayendo a mineros ilegales
De enero a julio de este año, el departamento de La Libertad ha alcanzado el primer lugar en la producción de oro en Perú con un aporte del 32% a nivel nacional, desplazando a Arequipa al segundo puesto con un 22.9%, y dejando a Cajamarca en tercera posición con un 20.1%, según un reporte emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicado en setiembre por la ONG CooperAcción.
En esa línea, la provincia liberteña de Pataz —donde las principales empresas formales productoras de oro son Poderosa, Horizonte y Retamas—, además de distinguirse por el crecimiento de esta actividad, también se ha vuelto un punto de expansión importante de las organizaciones criminales que ganan cada vez más terreno en lugares de explotación aurífera.
Una realidad que ha dado como resultado la coexistencia de operaciones mineras formales junto a una amplia actividad informal, causando un entorno de confrontaciones, que en tiempos recientes ha escalado a niveles alarmantes.
Como este el último fin de semana con el asesinato de al menos 9 trabajadores de la minera Poderosa, que, según el jefe del Comando de Asesoramiento General de la PNP, general Luis Reátegui Lazarte, la banda criminal La Gota Norteña —dedicada a la minería ilegal, extorsión y al sicariato— es la que estaría detrás de este ataque.
Sin embargo, también existen otras hipótesis que apuntan al ‘Tren de Aragua’, la estructura criminal de alcance transnacional más poderosa de Venezuela, de acuerdo a InSight Crime.
¿Qué bandas ha logrado desarticular la PNP tras el ataque en Pataz?
Como parte de las operaciones contra las redes de crimen organizado asociadas con la minería ilegal en la provincia de Pataz, la Policía Nacional informó este lunes que, hasta el momento, ha conseguido desmantelar a la banda ‘La Gota Norteña’. Dicha organización criminal estaría involucrada en el ataque a la mina Poderosa.
En total, tras el operativo ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, se detuvo en el centro poblado Pueblo Nuevo, del distrito de Pataz, a cinco ciudadanos peruanos y dos de nacionalidad venezolana, presuntamente involucrados en las actividades delictivas de la red. También, se realizó la incautación de tres armas de fuego, numerosas municiones y sustancias ilícitas.
Asimismo, en conferencia de prensa, desde la región La Libertad, el ministro del Interior, Víctor Torres, recalcó que la minería ilegal en Pataz nunca ha sido dejado de lado, dando cuenta que se han efectuado 1.368 operativos que resultaron en la detención de 443 personas y la desarticulación de 30 bandas delictivas. Sin embargo, en el comunicado publicado por el Mininter no especifican el periodo de tiempo en el que se llevaron a cabo estas acciones.
Abandono estatal ligado al avance de la minería ilegal en Pataz
Actualmente, se sabe que la provincia de Pataz carece de instalaciones policiales adecuadas y sus carreteras se encuentran en deplorables condiciones.
Asimismo, los puestos policiales más cercanos están situados a una distancia de aproximadamente 45 minutos, en los centros poblados de Chagual y Vijus, dificultando la capacidad de respuesta inmediata por parte de las autoridades.
Dicha situación ha derivado en la formación de una área conflictiva donde cinco bandas criminales operan con impunidad, las cuales estarían involucradas en sicariato, trata de personas, extorsión y minería ilegal.
En primer lugar, está el grupo la Jauría, inicialmente asociado a actividades criminales en Trujillo. No obstante, la atracción por el negocio del oro ha exacerbado la confrontación por el control de minas, sumando a esta banda otros grupos compuestos por ciudadanos peruanos y de otros países de Latinoamérica. Entre ellos destacan los Pulpos, los Ochenta, los Malditos de Río Seco y la banda del Gato Coté.
Estas facciones también enfrentan señalamientos por tráfico de drogas y otros ilícitos que deterioran la seguridad de en la provincia liberteña.
Sobre ello, el sociólogo peruano y exasesor de Ministerio del Interior (Mininter), Dante Vera Miller, sostiene que una solución viable para reducir este problema sería asegurar la zona con una base policial en la que se destaque a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), entre otras recomendaciones.
“Tiene que haber presencia de otras instancias del Estado, particularmente fiscales, como las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA); y jueces especializados en cuestiones ambientales”, precisa Vera.
“Además, tiene que ser un plan sostenido, no un operativo que dura unos días, sino que se despliegue de forma multisectorial del Estado y que sepa a dónde golpear, no que golpea a todo el mundo, sino que sepa dónde está el problema y el problema en Pataz son las organizaciones criminales”, declaró en agosto para el portal de Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).