La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que los presuntos aportes ilícitos que ingresaron a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 —por los que el Poder Judicial ordenó que vaya a juicio por lavado de activos y organización criminal en el caso Cócteles— no constituían delito en esos años.
Tras visitar a su padre el exdictador Alberto Fujimori en el Penal Barbadillo, Fujimori Higuchi cuestionó el auto de enjuiciamiento en su contra, cerca de 40 implicados y Fuerza Popular. Además, intentó desacreditar al fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, a quien acusó de tener “un sesgo político” y una “obsesión” contra el partido fujimorista.
“Nosotros estamos serenos y entendemos que esta es una oportunidad también para zanjar finalmente este proceso porque los hechos en cuestión, en ese momento, no eran delito. Así es que, más allá de las opiniones que han vertido algunos opinólogos de que el día de ayer ha sido un día difícil para la familia, muy por el contrario. Estamos tranquilos, confiamos mucho en Dios y, sobre todo, agradecemos todas las muestras de simpatía y solidaridad que, sobre todo, mi padre ha estado recibiendo”, declaró la tres veces excandidata presidencial.
En esa línea, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que “la justicia se ha ido politizando” y espera que el Poder Judicial no solo la absuelva a ella de la acusación fiscal, sino también a otros procesados por presuntos aportes ilícitos de campaña.
“La justicia se ha ido politizando y esperemos que eso (ser condenada) no ocurra. No hablo simplemente por el caso de Fuerza Popular, sino lo hablo en general. Se hizo mucho daño. Lamentamos muchísimo la muerte del expresidente García, el fallecimiento del exalcalde Luis Castañeda. Pero tenemos que confiar, tenemos que seguir confiando y esperamos que todos estos temas queden zanjados. No solamente para mí, sino para todas las personas que en Fuerza Popular hemos sido perseguidos”, alegó.
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La casación de los Humala-Heredia
De lo que ha manifestado este sábado 2 de diciembre, se desprende que la estrategia legal de la defensa de Keiko Fujimori se centrará en intentar ajustar los hechos imputados en el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, que fue introducido en el Código Penal en 2019, años después de las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Si se tratase de financiamiento ilegal de partidos políticos, Keiko Fujimori no podría ser procesada penalmente ya que es un delito que se incorporó a la legislación muchos años después a las campañas. Sin embargo, el Ministerio Público no le atribuye ello. A la excandidata presidencial se le atribuye lavado de activos en el marco de una organización criminal.
El expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia intentaron sin éxito que el Poder Judicial archive sus casos alegando lo mismo. Fue la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la instancia que determinó que, aunque se trate de una donación para fines electorales, se puede configurar el delito de lavado de activos si el monto ingresado al sistema económico tiene origen ilícito.
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Además, el tribunal supremo que preside el juez supremo César San Martín —la ponencia de la sentencia de casación estuvo a cargo del magistrado supremo Manuel Luján Tupez— estableció que para la comisión del delito de lavado de activos no es necesario que el imputado haya participado en todas las etapas del ilícito (colocación, diversificación e integración), sino que basta con que este haya intervenido en una para que pueda ser sancionado penalmente.
Eso sí, la Sala Suprema Penal Permanente determinó que los hechos imputados a los Humala-Heredia —haber recibido presuntos aportes ilícitos del Gobierno de Hugo Chávez, Odebrecht y OAS para financiar las campañas presidenciales del 2006 y 2011— deben ser demostrados por la Fiscalía en el juicio oral.
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