La Junta Nacional de Justicia (JNJ) propuso la suspensión preventiva de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el proceso disciplinario inmediato abierto en su contra ante su implicancia en una red criminal investigada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), según un documento difundido este jueves por RPP.
El informe fue elaborado por Imelda Tumialán, titular de la JNJ, y señala que existen “fundados elementos de convicción” de que la jefa del Ministerio Público incurrió en “faltas muy graves”. Entre esos indicios figura el acta de allanamiento, descerraje, incautación y lacrado sobre el caso, conocido como ‘La Fiscal y su cúpula de poder’.
“En mi condición de miembro instructora, elevo al pleno de la JNJ la propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la señora Patricia Benavides en el marco del procedimiento disciplinario seguido en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias muy graves, previstas en la Ley de la Carrera Fiscal”, se lee en el oficio.
“Al tenor de los graves hechos expuestos, la señora fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, en su condición de fiscal de la Nación, habría incumplido los deberes previstos en los numerales 1, 2 y 20 de la Ley de la Carrera Fiscal”, continúa.
El texto recuerda, además, que esta semana el Eficcop y la Policía Nacional ejecutaron el operativo ‘Valkiria V’, “allanando diversos ambientes de la sede de la Fiscalía de la Nación; así como inmuebles (domicilios) y vehículos de diversos funcionarios que dependen” de la magistrada.
“Igualmente, [se] realizó las acciones correspondientes para ejecutar la medida coercitiva de detención preliminar” contra su mano derecha, el exasesor Jaime Villanueva. “De un análisis objetivo y diligente de los hechos se cuenta como elementos de convicción de la comisión de faltas muy graves en las que habría incurrido la señora”, remarca el documento.
La audiencia para resolver el pedido de suspensión durará 30 minutos y se realizará el miércoles 6 de diciembre a las 9.00 horas, de manera presencial, en la sede de San Isidro. Posteriormente, será una cuestión de votos si Benavides es inhabilitada del cargo (hasta por 120 días).
En la víspera, la fiscal general solicitó suspender el proceso disciplinario inmediato como parte de un pedido de ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima. La solicitud cuestiona la vía del procedimiento y considera que todo lo conocido hasta ahora “en modo alguno evidencian” su “participación directa” en la presunta red criminal.
En dos ocasiones previas, ese juzgado ya ha resuelto suspender las investigaciones preliminares seguidas por la JNJ. En el último recurso judicial, acogido a mediados de octubre, Tarillo dispuso que las pesquisas quedaran paralizadas de forma provisional, hasta que se resuelva el fondo de una demanda de amparo donde la titular del Ministerio Público cuestiona la idoneidad de Tello y Aldo Vásquez, otro integrante del organismo.
En rigor, Benavides objeta a Tello por haber superado la edad estipulada en la legislación para ser miembro de la JNJ, y a Vásquez por adelantar opinión al comparar su caso con el de otras autoridades investigadas.
Por su parte, la Junta puso de conocimiento a la sala que determinará si amplía la medida cautelar sobre la gravedad de los “hechos públicos” que salpican a Benavides. El colegiado deberá pronunciarse sobre esto en su resolución.
Mientras tanto, una veintena de fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios ha pedido la renuncia de la fiscal general para “resguardar la imagen e institucionalidad” de la institución y reclamaron a la JNJ adoptar medidas urgentes.