La denuncia constitucional, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros del Interior y Defensa, los acusa de ser responsables por no proteger la vida de los ciudadanos que fueron impactados por disparos de arma de fuego durante las protestas de diciembre y enero pasados en Perú. Sin embargo, esta denuncia ha sido criticada por apresurada y por solo identificar a los autores en seis casos específicos, cinco muertes y un herido grave.
Familiares de las víctimas y sus abogados han expresado su descontento ante la acusación, señalando que no se han investigado decenas de casos de muertos y heridos durante las protestas. Específicamente, en Puno, denuncian que solo uno de los casos, de 19 fallecidos, fue incluido en la acusación constitucional, obviando otros incidentes críticos como los ocurridos el 9 de enero en Juliaca.
En el trasfondo de la denuncia, se resalta la afirmación del General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, quien declaró que la presidenta Boluarte no proporcionó directivas para proteger la vida y la integridad de los manifestantes. Estos comentarios forman parte del expediente sumado a las acusaciones contra Boluarte. Asimismo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, a través del entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, habría informado a la presidenta sobre las acciones militares implementadas para reprimir las protestas.
La Fiscalía ha acusado a diversos miembros de la Policía Nacional y del Ejército por su presunta responsabilidad en las muertes y heridas graves ocurridas durante las recientes protestas en el país. El medio La Encerrona revisó la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación y recordó a los autores directos de los disparos con armas de fuego
Policías implicados en muertes durante protestas en Perú
Entre los señalados, se encuentra el teniente de la PNP, Luis Bazán Campos, quien habría disparado una bomba lacrimógena a Sebastián Murillo, a una distancia cercana de 10 metros, provocándole heridas de gravedad en la zona del Cercado de Lima.
En el contexto de las mismas manifestaciones, otros dos agentes identificados, Ignacio Talledo Alcas y Jimmy Alex Vengoa Bellota, están bajo investigación por incidentes fatales. Talledo es acusado de lanzar una bomba lacrimógena que impactó en la cabeza de Víctor Santisteban, causando su muerte. Por otro lado, Vengoa Bellota, enfrenta acusaciones por el disparo mortal con arma de fuego que cobró las vidas de Christopher Ramos y José Aguilar en Ayacucho, quienes no se encontraban protestando al momento de ser alcanzados por los proyectiles.
En Cusco, el efectivo policial Joe Erik Torres Lovón persiguió y disparó perdigones de plomo por la espalda a Rosalino Flórez, mientras este último intentaba también resguardarse. En Puno, específicamente en la Comisaría de Macusani, el teniente de la PNP Luisin Roque Zubizarreta está implicado en el fallecimiento de Sonia Aguilar Quispe por disparos desde la ventana del dormitorio de oficiales hacia personas y objetos en el exterior.
Denuncia incompleta que puede ser archivada
Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), criticó en conversación con La Repíblica que la acusación de la fiscal de la Nación es insuficiente y que no aborda la cadena de mando ni incluye testimonios clave, sugiriendo que podría ser una maniobra de distracción frente a casos de corrupción en el Ministerio Público
Quispe indicó también al medio que es como un acto realizado a última hora sin suficientes elementos de convicción. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de profundidad en las declaraciones aportadas por Jesús Gómez de la Torre y César Cervantes, exministro del Interior, que podrían señalar una mayor implicación de Boluarte en las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones. Pese a que ambos habrían ofrecido detalles más extensos sobre la posible responsabilidad de la mandataria, estos no habrían sido incluidos con el debido detalle.
El letrado alerta que la denuncia podría ser desestimada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por su falta de sustento. Además, advierte que la pena por omisión es menor a la que podría corresponder si se comprobara la implicación directa de Boluarte, bajo el concepto de autoría mediata por dominio de aparato organizado del poder, un aspecto no elaborado en la acusación.