El piso nueve del Ministerio Público fue escenario, el último lunes, de la operación ‘Valquiria V’, efectuada por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.
En ese ambiente se encuentra el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el de su círculo más cercano, implicado en una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El operativo acabó con la detención de Jaime Villanueva, mano derecha de Benavides, y con la intervención de Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada, sindicada como lideresa de esta organización criminal que operaba en la cúpula fiscal, según información recabada hasta ahora.
De acuerdo con el acta de allanamiento, descerraje, incautación y lacrado sobre este caso, conocido como ‘La Fiscal y su cúpula de poder’, los magistrados y agentes revisaron dos ambientes, con cuatro escritorios cada uno, aunque solo en una oficina hallaron “documentación relevante para la investigación”.
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El despacho de Villanueva, según ese documento, albergaba un texto de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público en el que se puede leer el apellido de Marita Barreto, quien fue cesada de la coordinación del equipo a cargo de la investigación, pese a que es una de las fiscales de mayor prestigio en el país.
En ese mismo ambiente hallaron también una lista de seguimiento a iniciativas legislativas, a informes de comisiones y a acusaciones constitucionales relacionadas con el caso Los Niños ―que implica a diputados— y la ex fiscal Zoraida Ávalos, entre otros.
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En la oficina de Hurtado, coordinador parlamentario de la Fiscalía, aparecieron pedazos de documentos claves, entre ellos un borrador de la destitución de Barreto, así como un DVD con el rótulo de ‘Porky’ ―como se hace llamar el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga―, sobres con dinero (dos mil soles) y documentos de procedimientos de la JNJ, que abrió un proceso disciplinario inmediato contra Benavides.
El acta de allanamiento incluye, además, el reporte de un váucher del Banco de Crédito del Perú (BCP) con inscripción “de Carlos Pérez Sánchez, importe de 250 dólares”, siete conceptos de pago a Miguel Ángel Girado —implicado en la pesquisa— y un cuaderno titulado “Ataques o cuestionamientos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación”.
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La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el legislador Wilson Quispe (Perú Libre), envió una citación a Benavides para que declare este jueves sobre su “presunta vinculación” a la red de tráfico de influencias en la que supuestamente se beneficiaron varios parlamentarios.
La propia jefa de Estado, Dina Boluarte, ha considerado que la magistrada debería dar un paso al costado luego de que acusara al Gobierno de esta “intimidación”.
“La fiscal de la Nación debe responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido y creo que ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo”, dijo de manera escueta en una atípica comparecencia a la prensa.
La titular del Ministerio Público, por su parte, ha solicitado suspender el proceso disciplinario inmediato abierto en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de la ampliación de la medida cautelar dictada a su favor por la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
Benavides busca evadir una eventual suspensión al cuestionar la vía del procedimiento disciplinario y mencionar que todo lo conocido hasta ahora “en modo alguno evidencian” su “participación directa” en la presunta organización criminal.
Programan audiencia
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el miércoles 6 de diciembre la audiencia de suspensión preventiva contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien podrá ejercer su derecho a la defensa.
Luego de la audiencia, el Pleno de la JNJ procederá a debatir y votar la propuesta de la instructora del caso de la titular del Ministerio Público, Imelda Tumialán.
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