El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite este miércoles la demanda planteada por un grupo de legisladores en octubre pasado contra una ley que, aprobada en el Parlamento, dio luz verde para que la presidenta Dina Boluarte despache de forma remota.
De acuerdo con el documento, la resolución fue trasladada al Congreso “para que se apersone al proceso y la conteste en los 30 días útiles siguientes”. Susel Paredes y Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), dos de las diputadas que respaldaron el petitorio, celebraron la decisión y remarcaron que esta “ley inconstitucional” debe ser “derogada” por el Constitucional.
“En el presente caso, los [34] congresistas recurrentes sostienen que la solución que brinda la ley [...] supone una desnaturalización de la norma constitucional” y “aseveran que el mencionado artículo 115 de la Constitución [...] indica expresamente el supuesto específico y las acciones que se deben realizar en caso de que el presidente de la República salga del país; y que, si se va a establecer un mecanismo distinto, debe modificarse dicha disposición de la Norma Fundamental”, se lee en el fallo del TC.
En junio pasado, Boluarte quedó habilitada para poder viajar fuera del país y gobernar virtualmente, algo que no podía realizar desde su asunción al cargo. Los legisladores aprobaron, con 72 votos a favor, modificar la ley orgánica del Ejecutivo respecto al encargo del despacho de la Presidencia y de su gestión, a través de tecnologías digitales.
La mandataria había pedido al Congreso, a través de esta iniciativa legal, que autorice realizar su trabajo en forma virtual o remota para que pueda acudir, por ejemplo, a algún evento o invitación internacional. Perú no cuenta con vicepresidentes desde que ella juró el cargo tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo, con lo que no podía salir de territorio nacional, ya que no podía dejar encargado el Ejecutivo como dicta la Constitución.
Gracias a la decisión del pleno, Boluarte ha realizado hasta ahora cinco viajes al extranjero en medio de una campaña de diplomacia al más alto nivel anunciada por su Gobierno para reforzar la legitimidad democrática de su gestión en los escenarios internacionales.
Cuando concretó su primera gira a Brasil, la parlamentaria Margot Palacios (Perú Libre) denunció que habría “peligro de fuga”, puesto que la mandataria “se encuentra en plena investigación a nivel del Ministerio Público por la presunta comisión de ilícitos penales de genocidio, homicidio y lesiones graves”, durante la represión de las protestas antigubernamentales vividas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Las mismas voces opositoras han deslizado que estos viajes no han atraído ningún beneficio para el país, aunque el Gobierno insiste en que fortalecen la política exterior y la imagen a nivel internacional.
Después de Brasil, Boluarte voló a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que a inicios de octubre visitó Alemania e Italia, donde se reunió con el Papa Francisco. Su último viaje fue otra vez a la nación norteamericana, donde recibió el mando del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
El primer ministro, Alberto Otárola, aseguró que esta visita fue excepcional porque se trató de una “invitación personal” de Joe Biden, con quien la gobernante tuvo una fallida reunión que produjo un terremoto en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la dimisión de su extitular, Ana Gervasi.
La gobernante prometió una cita bilateral con su homólogo estadounidense, pero finalmente el encuentro “no se llevó a cabo con el protocolo” característico por falta de tiempo, y acabó convertido en una conversación de camino al auditorio de la Casa Blanca, según un cuestionado comunicado de la Cancillería.
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