La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), a cargo de la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), aprobó este martes el informe final que propone acusar por concusión e inhabilitar por diez años a la exfujimorista María Cordero Jon Tay, denunciada por recortar el salario de los trabajadores de su despacho.
La decisión fue tomada con 18 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Cordero Jon Tay había pedido reprogramar la sesión, pero la Subcomisión desestimó su pedido y pasó a votar el informe. En vista de esta negativa, la legisladora pidió la palabra de manera remota y rechazó los cargos entre sollozos.
“Apelo a su razonabilidad. Cuántos de nosotros no podríamos ser deliberadamente difamados. En mi caso, este trabajador no es la víctima, sino que todas sus actitudes demuestran un interés de fuerzas que van más allá de lo legal. Esos audios aún no han sido declarados como creíbles en la Fiscalía. Es más, mi defensa ha cuestionado la veracidad [de los mismos]”, dijo con la voz entrecortada.
“Los están induciendo al error para que continúen con este procedimiento cuando existe una investigación fiscal que está a trámite en otro poder del Estado, que es donde corresponde, y no juzgar por lo mismo dos veces. Reitero mis disculpas por la mala imagen que se pudo haber dado de estos hechos inexactos”, siguió.
La titular de la SAC precisó, de inmediato, que Cordero Jon Tay no participó desde su dispositivo, sino mediante el de su defensor legal, Elio Riera. Cuando el letrado iba a intervenir, Camones lo plantó: “En estas alturas del procedimiento, no está permitida su participación, solo de los congresistas”.
El informe ahora deberá pasar a la Comisión Permanente, que puede archivarlo o proponer la acusación ante el pleno del Congreso, donde eventualmente se debatiría y votaría después de su sustentación. En abril pasado, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la diputada a raíz de un reportaje de Punto Final, donde un extrabajador de su despacho señaló que debió entregar el 50 % de sus honorarios y después hasta un 75 %.
De acuerdo con el dominical, la legisladora habría recibido un total de 80.000 soles a través de depósitos que eran entregados mensualmente. Posteriormente, el economista Rafael Cabrejos, quien hizo público el caso inicialmente de manera incógnita, contó que la diputada también exigía joyas y la cobertura total de gastos durante la semana de representación en Tumbes.
“Ya, ¿cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no?, de una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse. Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, decía Cordero Jon Tay en un audio divulgado por el programa.
Luego del testimonio, Fuerza Popular pidió que sea sancionada y retirada de todas las comisiones, anunció que seguiría adelante con un proceso de expulsión y pidió que sea destituida e inhabilitada durante diez años por corrupción. “Su trato en todo momento fue humillante y amenazante, como se escucha en los audios, siempre me extorsionaba con que si no hacía algo me iba a despedir. Siempre demostró una actitud agresiva y abusiva, la amenaza era de que me iban a sacar del trabajo e iban a difundir con todos los miembros del Parlamento para que no me contraten”, señaló Cabrejos.
En septiembre pasado, el dominical también hizo público un nuevo audio donde se escucha a la parlamentaria deslizar represalias en caso fuera denunciada. “Tú haces un grito, alzas la voz, y sales inmediatamente. [Si] no haces eso, [y] sigues, terminas hasta que yo termine, cuatro años más. Tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los cuatro años seguidos para que trabajes”, ordenó, según el registro de voz.
El delito de concusión contempla de dos a ocho años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial. Cordero no respondió para el dominical ni lo ha hecho hasta ahora en réplica al reportaje.
Junto con ella, Kati Ugarte, Edgar Tello, José Arriola, Magaly Ruiz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores, Heidi Juárez, Heidi Juárez y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, han sido acusados de recorte salarial, una práctica por la que a fines de agosto el excongresista Michael Urtecho fue condenado a 22 años y cinco meses de cárcel.
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