En Loreto, la comunidad nativa quechua de Sabaloyacu, ubicada a orillas de la cuenca del Pastaza, —río que discurre por Ecuador y el Perú— denuncia la paralización y abandono de las obras de agua para consumo humano y saneamiento a cargo de del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), la entidad adscrita a Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento encargada de asegurar el acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad a la población rural.
A la fecha, pese a los reiterados pedidos de diálogo solicitados por la comunidad nativa afectada, tanto de la cartera de Vivienda como los representantes de dicho programa, continúan sin responder a sus reclamos vinculados a la deficiencia de materiales y problemas de coordinación con las autoridades locales.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo —el organismo autónomo encargado de defender y promover los derechos de la ciudadanía— se ha pronunciado al respecto. Este solicitó información sobre el caso y propuestas de solución a fin de agilizar las acciones para atender las demandas de la comunidad; sin embargo, las autoridades competentes tampoco han respondido.
Apu de la comunidad viajó hasta Lima para exigir atención
La comunidad Sabaloyacu, representada por la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) ha dado a conocer públicamente, mediante un pronunciamiento, que los trabajadores locales contratados para la construcción de las obras de agua enfrentan desde hace tres meses la falta de cumplimiento en el pago de sus sueldos por parte las entidades empleadoras.
Asimismo, se sabe que el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) —entidad responsable de las obras de infraestructura de agua y saneamiento en la comunidad— detuvo el avance de los trabajos a raíz de un supuesto conflicto con el consorcio encargado de llevarlas a cabo.
Además, a pesar de que el proyecto ya se encontraba en una etapa avanzada, el programa del Ministerio de Vivienda habría declarado no disponer de soluciones y responsabilizar al consorcio por el estancamiento de la construcción.
Siguiendo esa línea, —y ante la falta de respuesta del sector Vivienda— el apu de la comunidad, Virgilio Tapullima, realizó un viaje a la capital a fin de exigir un encuentro con los responsables del programa gubernamental, quien aún busca dialogar directamente con los funcionarios, que, hasta hoy, no han respondido de manera oficial a sus cartas, para encontrar una solución.
En tanto, la autoridad indígena ha manifestado que: “Con este proyecto esperábamos consumir agua limpia al fin porque, aunque no somos una comunidad de influencia directa del Lote 192 [la reserva petrolera más grande del país, situada en Loreto], sabemos muy bien que la zona del río Pastaza está contaminada, por esa la obra nos urge”, señaló Tapullima.
“Yo voy a permanecer en Lima porque no tiene sentido que regrese a mi pueblo con las manos vacías. Está en las manos del PNSR [Programa Nacional de Saneamiento Rural] dar una solución”, agregó el apu.
Denuncia de comunidad Sabaloyacu no es un caso aislado, advierten
En el marco de los reclamos de la comunidad Sabaloyacu, también han saltado las alarmas por casos irregulares vinculados con pueblos indígenas de la Amazonía peruana y el programa de la cartera de Vivienda, encabezada actualmente por Hania Pérez de Cuéllar.
Al parecer, lo que ocurre con los ciudadanos quechuas del Pastaza no es un hecho aislado. Pues, existen otras denuncias que colocan en la ventana al programa que tiene como misión ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país.
Uno de estos casos tiene que ver con la comunidad nativa kichwa 12 de Octubre, también perteneciente a los pueblos indígenas de la Amazonía norte, —al igual que la comunidad Sabaloyacu—, quienes presentaron una denuncia el mes pasado acusando a funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) de condicionar la construcción de un centro de salud en su territorio.
Según la acusación, estos actos de condicionamiento habrían llegado al conocimiento la titular de Vivienda, Hania Pérez, mediante una carta que también fue enviada a la dirección general del PNSR.