La Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo pleno permanecía en sesión permanente desde hace un día, decidió este martes abrir un procedimiento disciplinario inmediato contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) de liderar una presunta red criminal en la cúpula del Ministerio Público.
A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el máximo órgano de Gobierno de la judicatura señaló que la resolución ya fue notificada a la destinataria, quien descartó en la víspera dimitir a su cargo al alegar que la acusación busca amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.
“El procedimiento disciplinario inmediato es aquel que se sigue a un juez o fiscal en casos en los que existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular, o en la comisión de una falta disciplinaria muy grave”, la cual se sanciona con destitución, precisó la JNJ en medio más filtraciones en torno a este caso que ha generado un nuevo terremoto político.
Los propios fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena habían exigido a Benavides renunciar al cargo para “no afectar la investigación”, que “no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público”.
La invocación se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo anticorrupción, quienes se rebelaron contra la magistrada después de que destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo, Marita Barreto. Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abriera, junto con la Policía, una investigación a su entorno más cercano y una operación —'Valquiria V’― que acabó con la detención de su mano derecha, Jaime Villanueva.
La diligencia se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada, sindicada como cabeza de una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” durante al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Pese a las evidencias recabadas, la magistrada indicó que se trata de “un acto torpe” para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del Ejecutivo por las muertes en las protestas antigubernamentales. En un mensaje grabado, informó que presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por homicidio calificado.
Cuatro horas después de ese anuncio, la mandataria replicó que la decisión de Benavides es una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía. De acuerdo con Canal N, los investigadores tienen al menos 37 audios que revelan las coordinaciones entre el asesor de la fiscal general y un grupo de congresistas.
En un clip de voz divulgado por el canal, Villanueva señala a un interlocutor no identificado que estaba reuniéndose con legisladores “y asegurando algunos votos” para presuntamente lograr la sanción contra Ávalos. “Con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy podemos tener hacia la tarde y noche una claridad de si vamos o no vamos mañana”, se le escucha decir.
En un primer momento, tras reconocer un “error”, el consejero pidió a su interlocutor que los “ayude porque es importante sacar los votos” ante un pronunciamiento que había emitido entonces la JNJ. “Esta señora ya ha salido con todo, si puede mover un comunicado de la Junta, imagínate lo que la Junta va a hacer acá, va a querer suspender a Patricia, esto ya se convirtió en algo que trasciende solamente un tema de que ella esté o no esté”, siguió.
Villanueva, licenciado en Filosofía, permanecerá detenido durante 10 días mientras es investigado por su implicancia en esta red de tráfico de influencia. El juez Leodan Cristóbal, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, emitió una resolución en la que señaló que el plazo de detención vencerá el próximo 7 de diciembre, cuando el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre su caso.
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