El Poder Judicial confirmó este miércoles la incautación del libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’ (2004), coescrito por la presidenta Dina Boluarte y otros siete juristas, como parte de una investigación que enfrenta por presunto delito contra los derechos de autor.
La medida fue dispuesta por el Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial en Delitos Tributarios, Aduaneros, contra la Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima y, según la resolución, “resulta idónea dado que es una fuente obtenida de la propia Biblioteca Nacional” y “porque su eventual extravío o manipulación podría significar [una] obstaculización de la actividad persecutora del Ministerio Público”.
En julio pasado, el fiscal Miguel Puicón, a cargo de la pesquisa, ingresó a la Biblioteca Nacional para revisar un ejemplar después de un destape periodístico de Punto Final, que encontró un 55% del contenido no daba cuenta de bibliografías ni los sistemas de cita tradicionales.
Boluarte había consignado la obra en su hoja de vida académica cuando, en 2007, postuló a una plaza como asesora de alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El libro de 176 páginas, que no consigna editorial ni tiraje, fue hallado por el periodista Christopher Acosta en la Biblioteca Nacional y, luego de someterla a Turnitin, el conocido software antiplagio, obtuvo un hallazgo decisivo: un 55% del contenido provenía de fuentes no citadas.
Más de 20 páginas incluyen contenido copiado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con la resolución judicial. La conclusión del libro, incluso, fue calcada de manera íntegra.
En 2021, cuando Boluarte asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, eliminó la publicación de su trayectoria laboral. Desde entonces, había permanecido oculta hasta la emisión del reportaje. De hecho, las denuncias por presunto plagio no son inusuales en el poder.
El exgobernante Pedro Castillo (2021-2022), su antecesor, también es investigado por supuestamente copiar parte de su tesis de maestría en Educación, que escribió en coautoría con su esposa ―la ex primera dama Lilia Paredes― y que fue presentada en 2012.
Después del destape, la jefa de Estado y su despacho mantuvieron mutis sobre el caso, aunque posteriormente el premier Alberto Otárola pidió que sea investigado. “Esta denuncia, como todas las que han ocurrido en nuestra gestión, va a ser investigada. Debo precisar y reiterar la honestidad y la siempre conducta ética de la presidenta que está fuera de toda discusión”, dijo entonces en una rueda de prensa.
La única integrante del Gabinete en referirse a la denuncia fue Nancy Tolentino, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “La presidenta permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación... Hay muchas cosas que se deberían saber, por eso una investigación clarifica y establece responsabilidades. Invoco a que el caso se investigue”, remarcó.
Se trata de la segunda investigación que enfrentaba la gobernante, después de quedar centrada en una pesquisa por presunto genocidio a raíz de las muertes en protestas.
En 2016, el excandidato presidencial César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), también fue acusado de plagio en la elaboración de la tesis doctoral que presentó en 2009 en la Universidad Complutense de Madrid.
El político se presentó entonces ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y negó el cargo. “He venido a rechazar la palabra plagio, les he explicado y demostrado que han mal utilizado la palabra plagio algunos medios [...] No fue plagio, fue copia”, señaló en una alocución que fue inmortalizada en memes.
“Para que haya plagio, el nombre de la investigación debería ser copiado en otro, cosa que no es así. Las conclusiones y recomendaciones (de sus tesis) son originales y ese es el objetivo de la investigación”, zanjó.
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