A 14 años del ‘Baguazo’, dos policías son condenados por la muerte de ocho personas

Los generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil de más de un millón de soles por el ‘Baguazo’, tras un juicio que acreditó falta de planificación en el operativo, denominado la Curva del Diablo, que resultó en 33 muertes por arma de fuego.

La Corte Superior de Justicia de Amazonas, a través de la Sala Penal Liquidadora de Bagua, dictó la sentencia el último lunes 27 de noviembre, la cual establece la responsabilidad de Sánchez Farfán, director general de la PNP y Muguruza Delgado, jefe de operaciones especiales de la PNP, en agravio de ocho fallecidos y 14 heridos de gravedad, y por no garantizar la seguridad durante el desalojo ocurrido en Bagua el 5 de junio de 2009.

Ambos oficiales de la PNP son autores del delito de homicidio simple al no impedir que los hechos de aquel día se produjeran. Las víctimas del conflicto, pertenecientes a los pueblos awajún y wampís, habían protestado contra decretos legislativos, impulsados por Alan García, que afectaban sus derechos territoriales, porque autorizaba al Gobierno realizar inversiones extractivas ofreciendo su comunidad sin consulta previa .

El proceso reveló una operación sin las previsiones necesarias y sin la aprobación de una orden de operaciones. El fallo de la Corte ordena también procesar penalmente a Mercedes Cabanillas Bustamante, exministra del Interior, y a Bernabé Garavito Berrocal, exjefe de operaciones de la Policía, por no tomar acciones para proteger adecuadamente a la población durante la manifestación.

“La sentencia deja sentado tajantemente que el comando general y el operativo, ante un resultado adverso, debe prevenir cualquier contingencia, pero sobre todo debe evitar poner en riesgo bienes jurídicos de terceros como es la protección de la vida, la salud y la integridad”, indicó Segundo Herrera Mejía, abogado de las víctimas y miembro de Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

Además, “la fiscalía a cargo del caso apelará la sentencia por ser menor a los 25 años (de cárcel) que pidió para los imputados”, informa Ojo Público. John Estela (35), quien perdió una pierna por impacto de bala, dijo al medio que no están conformes con los montos de la reparación civil.

El conflicto del Baguazo, que tuvo lugar en la región de Amazonas, resurge en la memoria colectiva a raíz de la absolución unánime de los acusados de la muerte del mayor PNP Felipe Bazán por parte de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua en octubre reciente. Los hechos se remontan a una manifestación en 2009 de las comunidades indígenas awajún y wampís, quienes se oponían a dos decretos legislativos impulsados por el gobierno del entonces presidente Alan García.

Los decretos cuestionados permitían que solo la mitad de los miembros de una comunidad nativa decidiera sobre la venta de su territorio comunal y que el Estado pudiera autorizar inversiones extractivas en dichos territorios sin consulta previa. Esto llevó a más de 2,000 manifestantes a bloquear la Carretera Fernando Belaúnde Terry en Bagua, tomando también la estación 6 de Petroperú. La escalada del conflicto llevó al Gobierno a desplegar unidades de DINOES para el desalojo, resultando en el grave incidente donde el líder awajún Santiago Manuin Valera fue herido de bala.

Las tensiones aumentaron cuando en represalia por la agresión, indígenas tomaron como rehén al mayor Bazán, quien permanece desaparecido. Tras llevarse el caso a los tribunales, los acusados por su presunta muerte quedaron absueltos recientemente, lo que marca el último capítulo judicial hasta la fecha en torno a este disputado suceso en la historia contemporánea de la región.