Patricia Benavides, asesores y congresistas implicados en organización criminal: ¿cuántos años de cárcel recibirían?

El país vuelve a ser partícipe de una crisis política a puertas de fin de año. Este lunes 27 de noviembre, la presidenta de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, fue acusada de liderar una organización criminal que negociaba votaciones en el Congreso de la República. Aunque, por el momento, solo se ha implicado en la investigación a sus asesores, habría hechos pertinentes para incluir a la titular del Ministerio Público y legisladores que cedieron.

Al respecto, Infobae Perú se comunicó con el penalista Andy Carrión y el constitucionalista Rafael Gertin Barturen para tener detalles de los delitos y sanciones que afrontarían las autoridades mencionadas.

El abogado Carrión Zenteno aclaró que, en este caso, existen dos ilícitos en específico: el delito de tráfico de influencias, que puede llegar a tener una pena de hasta 6 años, y el delito de organización criminal que va hasta los 15 años y, en caso de ser agravado hasta 25 años.

“Estas serían las penas que, al menos hasta el día de hoy, deberían de imponerse de acuerdo con las prognosis que ha realizado la Fiscalía a quienes vienen siendo investigados”, explicó el docente de EPG Universidad Continental.

Enfatizó en que si bien por ahora están siendo investigados únicamente los tres asesores de la titular del Ministerio Público: Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, “por la naturaleza de los delitos y la mención que se ha ejecutado en esta indagación a los congresistas, se debería ampliar esta investigación e incorporar a los parlamentarios, así como a la fiscal de la nación, pero con anuencia del Parlamento”, agregó.

Gertin Barturen coincidió en los delitos que afrontarían las autoridades implicadas y explicó que sería tráfico de influencias dado que se trata de funcionarios que influyen en otros “prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio”.

Sobre el otro ilícito, detalló que no solo alcanza a quienes organicen o coordinen la presunta organización, sino que involucra a quienes “participen activamente y cooperen de cualquier modo”.

No obstante, opinó que “este tema trasciende del tema judicial”. “Lo que estamos viendo es una batalla política en el Ministerio Público por dos bandos que quieren tener el control de esta institución para favorecer al bando político de su afinidad. Lo que se viene es un lío judicial bastante largo”, acotó el también politólogo.

De acuerdo a la tesis fiscal y policial, son aproximadamente 45 legisladores implicados en las negociaciones con el —hasta este viernes en la madrugada— asesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. El exfuncionario detenido por 10 días menciona en chats de WhatsApp a legisladores como Gladys Echaíz, Patricia Chirinos, Luis Aragón, Edwin Martínez, Ilich López y César Revilla.

Asimismo, se incluye en el documento a todos los legisladores señalados como ‘Los Niños’, organización criminal acusada de ser el brazo legislativo del vacado expresidente Pedro Castillo. Entre ellos: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Américo Gonza, María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortez, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes.

David Hereña, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público se mostró a favor de que la fiscal Patricia Benavides dé un paso al costado “a efectos de que la población y trabajadores del Ministerio Público tengamos la certeza de que no haya un afán obstruccionista o intervencionista desde el mismo despacho de la Fiscalía de la Nación”.