Harvey Colchado sigue al mando de su equipo y no pedirá garantías ante la CIDH, afirma su abogado

El coronel PNP y líder de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, no pedirá garantías a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), según su abogado, Stefano Miranda.

“Habiendo conversado con mi cliente y no hemos llegado a esa conclusión. No sé de dónde habrá salido esa información, pero nosotros no vamos a presentar ninguna medida. Él está trabajando de lo más normal, no acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto, él sigue trabajando, él sigue cumpliendo su deber”, resaltó el letrado en entrevista con Exitosa.

“Está haciendo cumplimiento a sus funciones de acuerdo al artículo 67, inciso 2 del Código Procesal Penal. Está coadyuvando en una investigación junto con el Ministerio Público. (Eso) ha sido ratificado la medida por el Poder Judicial. Esto significa que han pasado los filtros necesarios para confirmarse la actuación, no solo dela Policía, sino también el Ministerio Público”, añadió.

Miranda aclaró, además, que Colchado no ha recibido amenazas y que la Diviac “no trabaja para” la Fiscalía, ya que la PNP depende de su propia comandancia general. De esta manera, afirmó, su defendido seguirá actuando como director de la investigación penal.

“Dentro del principio de imparcialidad, si bien es cierto, existe el binomio Policía-Ministerio Público, que es lo que ha demostrado hasta el día de hoy mi cliente con la fiscal Marita Barreto, no tenían por qué desestabilizar (su) situación laboral. Todo lo contrario, han recibido la ratificación de fiscales superiores, de diferentes instituciones que demuestran que mi cliente se encuentra laborando y cumpliendo su función”, explicó.

La operación Valkiria V, a cargo del Equipo Especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop), se encarga de investigar a una presunta organización criminal que lideraría la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, junto a sus tres asesores: Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado.

Esta estrategia la dirigen los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano, además de la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, quien fue retirada del cargo el mismo día del operativo.

Se pudo conocer que Villanueva, quien se encuentra detenido de forma preliminar por diez días, habría coordinado con congresistas para lograr apoyo de un grupo de parlamentarios que catalogaban como ‘Niños’.

El objetivo, según las diligencias, era lograr la inhabilitación por cinco años de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, la destitución de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo.

Mediante un pronunciamiento, Patricia Benavides aseguró que no iba a renunciar y anunció una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola.

La cabeza del Ministerio Público apareció junto a fiscales provinciales, dos superiores y ninguno supremo. También indicó que la institución “ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”.

“Pese a ello, el despacho de la Fiscal viene dando todas las facilidades al equipo de fiscales contra la corrupción a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas (...). No se debe permitir la muerte de ningún peruano y el abuso de poder. No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y la ley”, agregó.

Por su parte, Boluarte dijo que “la lucha anticorrupción no tiene por qué ser reactiva”. “Con este acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales”, precisó.