Dina Boluarte evalúa demanda ante el Tribunal Constitucional por denuncia de Patricia Benavides

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, se refirió a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de su patrocinada y adelantó que evalúan establecer un proceso ante el Tribunal Constitucional.

“Estamos evaluando la pertinencia de establecer un proceso constitucional para que se revise esa decisión”, declaró a Canal N, luego de cuestionar que la titular del Ministerio Público haya tomado dicha decisión cuando, un mes antes, solicitó la ampliación de la investigación.

“La (postura) de la fiscalía de la Nación era separar la indagación. ¿Qué pasó entre el viernes y hoy jurídicamente? Nada. Creemos que (La denuncia constitucional contra Boluarte) se está dando por fuera del derecho”, sostuvo.

“Me imagino que la fiscal de la Nación ha entendido que en esta guerra, de alguna manera, el Poder Ejecutivo participa y ha dado una respuesta política o, finalmente, ha decidido que esta situación debiera ir avanzando en el Congreso para efectos de distraer lo que ella está enfrentando”, expresó.

Como es de conocimiento público, luego de que la fiscal fuera acusada de liderar una organización criminal que negociaba votaciones claves en favor de su permanencia, la titular del Ministerio Público brindó un suspicaz pronunciamiento.

Rodeada de fiscales provinciales y solo dos superiores, Patricia Benavides se limitó a decir que la institución que lidera estaba siendo víctima de “ataques premeditados de quienes se oponen a luchar contra la impunidad y corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”.

Minutos después, anunció la presentación de la denuncia contra Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior: Vicente Romero, César Cervantes y Víctor Rojas. La sorpresa fue que, solo un mes antes, había solicitado la ampliación de ocho meses, ya que faltaba recoger el testimonio de —al menos— 300 personas.

Mientras a la jefa de Estado la acusó de autora de homicidio calificado en agravio de Christopher Michael Ramos, José Luis Aguilar, Rosalino Flores Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, y de lesiones graves contra Renato Murillo Reyes; al titular de la PCM lo sindicó como autor del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Christopher Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra.

En el caso de los exministros, Rojas y Romero fueron señalados como autores del delito de homicidio calificado. Solo Cervantes fue sindicado por lesiones graves.

Cabe mencionar que, de acuerdo al texto, el General Víctor Zanabria, exjefe policial de Lima, señaló que la presidenta nunca dio directivas para asegurar la vida e integridad de los ciudadanos que protestaban.

Juan José Quispe, abogado de los deudos de las víctimas en protestas, también se mostró en contra de la decisión adoptada por la fiscal. “Es una denuncia sin pies ni cabeza, que no tiene mayor sustento ni fáctico ni jurídico; ha sido realizada de la manera más apresurada posible y que puede tener vicios de impunidad, ya que las pruebas acá casi no existen”, mencionó en declaraciones a Exitosa.

“La denuncia está mal hecha, eso es una afrenta a las víctimas porque con esta denuncia, lo único que ha hecho la fiscal de la Nación es evidenciar que quiere tapar lo que ha pasado; como una cortina de humo”, agregó.

Al respecto, la Asociación de familiares de los fallecidos y heridos de Ayacucho acusaron a la fiscal Patricia Benavides de instrumentalizar las muertes por la represión policial a través de su denuncia constitucional y exigieron su renuncia.

“Manifestamos nuestro total rechazo a la denuncia por cuanto no representa la realidad de los hechos ocurridos. Por lo contrario, expresa un acto de impunidad e injusticia, ya que solo se ha considerado en dicha denuncia a dos agraviados asesinados, excluyendo a ocho que también fueron asesinados por arma de fuego durante las protestas y los más de 70 heridos”, se lee en el documento.