El suspendido procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó al Poder Judicial anular la medida cautelar dictada por la comisión ad hoc del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que lo separa temporalmente del puesto hasta que se resuelva el procedimiento disciplinario en su contra.
Soria presentó el recurso de “represión de actos lesivos homogéneos” en el proceso de amparo que interpuso para ser restituido como titular de la Procuraduría General del Estado tras la remoción ilegal dispuesta por el expresidente Pedro Castillo y el expremier Aníbal Torres. Dicho proceso lo ganó en doble instancia.
Como parte de la etapa de ejecución de sentencia, el abogado requiere al juez Jonathan Valencia dejar sin efecto dos resoluciones administrativas del Ministerio de Justicia: la que conforma la comisión ad hoc del proceso disciplinario y la que dicta una medida cautelar para suspenderlo provisionalmente del cargo.
Daniel Soria sostiene que ambas resoluciones constituyen “actos lesivos manifiestamente homogéneos a los actos declarados inconstitucionales en la sentencia de vista emitida a mi favor en el presente expediente; y en consecuencia se ordene al Minjusdh mi restitución al cargo de procurador general del Estado bajo apercibimiento de ley”.
Nuevamente se pretende someter al procurador general del Estado a un proceso disciplinario por, de acuerdo a dos informes de Contraloría General de la República, supuestamente no contar con la experiencia necesaria para haber sido designado en el puesto.
Aquí el caso se encuentra con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien formuló denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra Ana María Revilla por supuesta negociación incompatible y nombramiento ilegal por el presunto nombramiento irregular de Soria Luján.
“Las personas que designan al procurador general del Estado son el presidente de la República y quien sea ministro de Justicia. En ese momento, era yo. Y por eso salió la designación de Soria, pocos días antes de que yo deje el ministerio. Era una figura nueva porque se había producido un cambio normativo que había dejado en suspenso la entrada en vigencia de la procuraduría general hasta que salga el reglamento. Cuando tomé posición del cargo, personal del Minjus me explicó la importancia de sacar el reglamento y eso fue lo que se hizo. Así, se designó al procurador y dos años después, el exministro Torres solicitó una acción de revisión de esa designación”, declaró Revilla a La República.
Ministro de Justicia se pronuncia
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, negó que la suspensión de Daniel Soria responda a temas políticos, pese a que quienes firman la resolución que lo separa temporalmente del cargo de procurador general del Estado son sus viceministros.
“Yo no me voy a pronunciar sobre los calificativos que el procurador Soria pueda hacer, lo que sí puedo decir es que no se debe politizar, llamo a la ciudadanía y la prensa a no politizar este tema. No es un aspecto político, no se trata de una decisión que se me ha ocurrido”, alegó Arana.
La resolución de medida cautelar dictada contra Soria lleva las firmas de Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos; Walther Iberos, viceministro de Justicia; y Tiberio Robles, jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia.
Estos mismos funcionarios son quienes deberán decidir si el caso del suspendido titular del Procuraduría General del Estado es archivado y, en consecuencia, regresa a su cargo, o es destituido por presunta falta muy grave.
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